Una "actividad programada, organizada, que se iba a hacer" y "reiterada". Así vio la exsecretaria municipal de Abegondo, Cristina Alonso, la parcelación y concesión de licencias y posteriores reformados en suelo rústico o no urbanizable en Limiñón, por el que ayer declararon como acusados de prevaricación urbanística continuada el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso; el exalcalde Juan José Rocha y otros ocho imputados, entre exconcejales y técnicos, en la primera jornada del juicio, en el Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña. El regidor y el exregidor coincidieron en asegurar que no tienen formación en urbanismo y que nunca tuvieron constancia de informes contrarios de los técnicos y jurídicos municipales.
"Jamás de la vida aprobé nada con informes en contra", aseveró Santiso. "Yo soy profesor de matemáticas", añadió. "Yo nunca tuve informes negativos y nadie me advirtió de estar delinquiendo", declaró Rocha. La diferencia es que, de la época que atañe a Santiso, no constan informes jurídicos escritos -lo cual comprometería igualmente la legalidad de las licencias emitidas, como declaró, en calidad de testigo, la exsecretaria que emitió informes desfavorables en la época de Rocha-. Sin embargo, el exalcalde negó haber tenido conocimiento de la opinión contraria que sí plasmó por escrito en su época la habilitada nacional, que en su ejercicio en el municipio entre 2004 y 2005 informó en contra de decenas de reformados o modificaciones de proyectos de obra. La exsecretaria apreció "una situación programada, reiterada y planificada" en el proceso de parcelación y concesión de licencias, declaró ayer. En esta línea, un guardia civil testificó haber apreciado un " modus operandi".
La funcionaria declaró ayer que las licencias concedidas son contrarias a derecho, por no ser legal parcelar para construir en ese tipo de suelo, y que el Ayuntamiento de Abegondo debería haber comprobado, además, que se obraba para asegurarse de que no transcurrían seis meses sin iniciar la obra o tres años sin concluirla, lo que supondría "automáticamente, por ministerio de ley", la caducidad de la licencia, que tendría que haber tramitado el Concello, y para que la aprobación de los reformados de proyectos de obra no significase prorrogar licencias ya "caducadas". Consideró que aprobar los reformados fue "grosero jurídicamente, contrario a derecho y no posible jurídicamente".
La exsecretaria declaró que todos los concejales tenían constancia de que ella informaba en contra puesto que así lo manifestaba verbalmente en las juntas de Gobierno. "Se daba por hecho que el informe técnico era favorable y se iban a conceder las licencias. El informe jurídico daba igual", afirmó. "Juan José Rocha me dijo que para qué hacía informes, que no valían para nada", aseveró. "Yo daba explicaciones por si lo querían tener en cuenta, aunque sabía que no lo iban a tener en cuenta", dijo. Preguntada por la defensa de una técnico que estuvo meses en el municipio hasta que se quiso marchar, opinó: "Creo que al hablar conmigo cambió de criterio. No quería participar de lo que se estaba organizando".
Explicó que no dejaba constancia en las actas de las comisiones de Gobierno de sus advertencias verbales "porque no tenía obligación de hacerlo" pero que todos podían consultar el informe en Secretaría y solicitar copia o explicaciones, pero no lo hicieron. "Estaban asesorados jurídicamente y conocían que mis informes eran desfavorables antes de tomar la decisión", aseguró. Y corroboró la suposición del juez, José Antonio Vázquez Taín, de que el motivo de pasar sus informes por registro era "que no desaparecieran". "Viendo que no había informes anteriores, no sabía si habían desaparecido, si no se habían emitido...", comentó.
El anterior secretario municipal, ya fallecido, no emitía informes escritos, según declararon varios acusados y testigos, sino que llevaba los expedientes a Junta de Gobierno si consideraba que estaban correctos y completos. Varios imputados y testigos aseguraron, además, que nunca tuvieron constancia de que ningún secretario ni técnico hubiera informado en contra de las licencias o reformados o hubiera presentado reparos o dudas al respecto, lo que la exsecretaria negó.
Un testigo que trabaja como administrativo en el Concello desde 1984 y que en ocasiones ejerce de secretario accidental, como ocurrió desde que se marchó el secretario anterior y hasta que entró la habilitada en 2004 y emitió informes desfavorables, afirmó que él consultaba con habilitado hoy fallecido.
El Ministerio fiscal, única acusación tras la renuncia hace años de una particular, incidió en preguntar a los acusados y testigos si no sospecharon del "aluvión" de solicitudes de segregación de parcelas y de licencias de construcción. El 31 de diciembre de 2002, justo antes de la entrada en vigor de una nueva ley, se aprobaron más de cincuenta licencias en junta de Gobierno, recordó la fiscal. Varios acusados y testigos manifestaron no haberse sorprendido y desconocer los motivos, mientras que otros admitieron haberlo atribuido al inminente cambio de ley. La fiscal abundó también en preguntas sobre el calado de los reformados de licencia que se aprobaron cuando, según varios testigos, ya había transcurrido el plazo de construcción sin que se hubiera edificado. Propietarios de viviendas testificaron que, cuando visitaron la zona para comprar una parcela, solo había "movimientos de tierras" o "hoyos" en la suya y las colindantes. Varios acusados y testigos sostuvieron, sin embargo, que los reformados se pueden autorizar si hay trabajos iniciales, incluso aunque impliquen cambios sustanciales o el cambio de ubicación de una casa en la parcela, si se cumplen parámetros como la edificabilidad.
El contratista que había ejercido en principio de acusación particular aseguró que "tres concejales habían comprado las tierras, las parcelaron y las vendían". Varios propietarios afirmaron que, para interesarse por alguna parcela, el contacto era el arquitecto técnico Antonio Carro Núñez, que trabajó desde 1998 hasta 2003 como técnico del Ayuntamiento al tiempo que en su estudio, próximo al Concello, se elaboraban los proyectos de segregación y de obra que él mismo Concello a favor desde el Ayuntamiento. El contratista testificó que fue Carro quien le dijo, al interesarse por parcelas, que no eran edificables, y después se parcelaron y se dieron licencias.
Carro defendió que sí se podían conceder las licencias al no suponer riesgo de formación de núcleo. Cuestionó los informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) -que determinó que las obras no eran legalizables- igual que otro técnico acusado, Manuel Cortón, y alegó que no se había declarado su caducidad cuando se concedieron los modificados, igual que Cortón.
En la primera jornada, que duró casi ocho horas, Santiso evitó las cámaras al entrar al juzgado por una puerta lateral raramente utilizada por acusados y en el receso para comer, se encerró en una sala adonde un hombre llevó comida y cervezas.
