La fiscal que ejerce la acusación en el juicio por presunto delito de prevaricación urbanística continuada en Abegondo mantuvo ayer su petición de penas de prisión e inhabilitación o de multas e inhabilitación para los diez acusados por el "pelotazo urbanístico" que hizo que "de lo que era un monte resultara una urbanizacioncita de chalés" en A Fraga, en Limiñón. El cuestionamiento de los criterios técnicos y jurídicos de los técnicos y peritos de la Xunta y de la exsecretaria municipal que emitió informes contrarios, la duda de la "lealtad" y la veracidad del testimonio de la habilitada nacional y la ignorancia de reparos jurídicos y de informes contrarios centró los argumentos de las defensas de los diez acusados, entre los cuales figuran el alcalde abegondés, José Antonio Santiso y el exalcalde, Juan José Rocha -para los que se piden dos años de cárcel y diez de inhabilitación- y otros ocho imputados, entre técnicos y exconcejales. Las defensas pidieron la absolución.
La jornada de ayer, la segunda del juicio, que quedó visto para sentencia, comenzó con las declaraciones de peritos, que de nuevo dejaron patentes las discrepancias sobre qué criterios jurídicos y técnicos deberían haberse aplicado en el proceso de segregación, concesión de licencias y reformados, aunque la mayoría, de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta, reprobaron la actuación de los técnicos que actuaron en el caso abegondés. Tras estas declaraciones, las partes presentaron sus conclusiones.
La representante del Ministerio Fiscal, única acusación tras la retirada de una particular, defendió la existencia de "un rosario de irregularidades en los expedientes", se remitió a las declaraciones de técnicos que veían desde una "infracción muy grave" hasta un proceder "patético, manifiesto y desproporcionado" y consideró "patente y clamoroso" y que "daña la vista" el carácter irregular de los hechos. Llegó a afirmar que "el monte lo compraron tres concejales e inmediatamente empezaron a parcelar, solicitar licencias y de ahí resulta la urbanizacioncita", lo que tuvo como "consecuencia" una "catástrofe para los particulares que de buena fe fueron ahí a comprar sus casas y para los vecinos que están sin plan general porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó que no se creen núcleos artificiales". Denunció también "un rosario de maniobras" y una "actitud francamente maliciosa y temeraria" en las defensas porque "presentar recursos es gratis". Modificó su escrito para retirar que la arquitecto Cristina Ballón, que ejerció meses para el Concello, tuviese "a la vista" los informes de Secretaría.
Los abogados defensores, que reprobaron esta acusación de la fiscal, coincidieron en alegar que sus defendidos actuaron sin conocimiento de obrar en contra de la normativa y sin dolo ("voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud", según la RAE). El letrado de la arquitecto Cristina Ballón, que informó a favor de reformados, defendió que su representada pecó de "pardilla" y que emitió informes antes de conocer los desfavorables de la secretaria. El abogado del exedil Carlos Santiago sostuvo que su defendido "no tiene formación, dejó la escuela con 13 años y es chófer de profesión" y la exsecretaria "incurrió en múltiples contradicciones" y "miente vilmente".
El defensor del arquitecto técnico que trabajó para el Concello en 2005, Manuel Cortón, sostuvo que no quedó probada la "injusta y arbitraria voluntad deliberada con interés de vulneración de la legalidad" que es "necesaria" para la condena a nivel penal. Negó que los informes de su defendido supusieran una "prórroga encubierta" y que quedara constancia de que conociera el criterio de la secretaria, además de cuestionar los informes de la APLU.
El letrado de Santiso y los exconcejales Antonio Fernández, José Roel y Eduardo Giménez incidió en lo "farragoso" de la materia; sostuvo, igual que otros letrados, que debería dirimirse en el Contencioso-administrativo; defendió que la APLU mantiene "criterios ciertamente extremos"; dudó que la secretaria informase en su tiempo en el mismo sentido en que escribió los informes desfavorables que metía por registro y aseveró que "no consta ningún informe negativo, ni jurídico ni técnico".
La abogada de Rocha cuestionó también que la secretaria comunicara o escribiera en su día el criterio desfavorable que plasmó en los informes introducidos por registro. "Pudo sustituir perfectamente los informes originales", apuntó, y añadió: "La única realidad es que no existían informes desfavorables". Cuestionó que no denunciara en su momento ante Fiscalía ni dejara constancia en actas y aseguró que al principio informó a favor. Negó que hubiera dolo. También el letrado de la exedil Genma Salgado negó el dolo, alegó falta de formación y criticó el proceder de la exsecretaria.
El abogado del arquitecto técnico Antonio Carro, dueño del estudio que realizaba proyectos que él informaba a favor desde el Concello, defendió la legalidad de sus informes y denunció "tufillo político" por ser del PSOE el testigo denunciante y porque la Xunta fue "a toda prisa" de 2005 a 2009 -cuando gobernaron en la Xunta PSOE y BNG-.
