Los Franco tienen desde ayer la consideración de okupas para la Cámara gallega. El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para que la Xunta inste al Estado a interponer una demanda civil que permita recuperar el pazo de Meirás, propiedad aún hoy de los descendientes del dictador. Basan su decisión en el dictamen de la comisión de expertos impulsada por la Xunta, que considera probado que el pazo de Meirás es un edificio público, una residencia oficial de veraneo mantenida con fondos estatales durante toda la dictadura y que los Franco ocupan aún hoy indebidamente.

El Parlamento gallego reconoció ayer "el importante trabajo realizado desde hace años" por historiadores, asociaciones de memoria histórica y la labor de los integrantes la Xunta Pro Devolución de Meirás y de la comisión de expertos de la Xunta, que han permitido desmontar definitivamente la historia de ese supuesto "regalo del pueblo" al que han apelado siempre los Franco para reafirmarse como poseedores legítimos del inmueblelos Franco.

Todos los grupos con representación en O Hórreo coincidieron ayer en que no se puede demorar más la recuperación de este Bien de Interés Cultural, que fue adquirido en plena guerra civil mediante el desvío de fondos públicos y cuestaciones en muchos casos forzosas y cuyo mantenimiento, ampliaciones y reformas fueron pagadas con fondos públicos durante todo el franquista.

PP, PSOE, En Marea y BNG dejaron a un lado sus diferencias y lograron consensuar finalmente una propuesta. Los populares accedieron a enmendar su proposición no de ley para dejar constancia de la voluntad del Parlamento de que la recuperación del pazo de Meirás para el patrimonio público "no implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia" y para que la Xunta se persone en la causa.

La condición de "no pagar ni un euro a los Franco" había sido exigida especialmente por En Marea y BNG, que manifestaron públicamente su desacuerdo con el dictamen de la comisión de expertos de la Xunta en lo relativo a plantear la posibilidad de que la Justicia considere a los Franco poseedores de buena fe, dado que el Estado no les reclamó nunca el inmueble, lo que abriría la puerta a indemnizarlos por los gastos a partir de 1975.

Esta apostilla llevó al Concello de Sada a emitir un voto particular al dictamen de la comisión de expertos, al entender que suponía anticiparse a una decisión que, en todo caso, le correspondería adoptar a los jueces. El diputado de En Marea Antón Sánchez ahondó en este argumento, se opuso a anticipar esta posibilidad y "menos después de leer un informe que deja claro el origen ilícito". En la misma línea se pronunció el BNG, que denunció que esta conclusión se había "introducido a última hora" y que tachó de "indignidad" un pago a los Franco por "devolver lo robado", en palabras de Ana Pontón.

El PP atribuyó las críticas a una "mala lectura" del dictamen. Su portavoz, Pedro Puy, recalcó que el informe se limita a calificar prudencialmente a los herederos de Franco como poseedores de buena fe y a advertir de que en caso de que prospere la demanda, los Franco podrían tener derecho al abono de los gastos que puedan acreditar, que serían con todo "notablemente inferiores a su valor de mercado o al justiprecio expropiatorio". Puy manifestó la disposición de su partido a instar al Estado a "reivindicar los costes incesantes de no tener aprovechado para el patrimonio público el pazo de Meirás durante cuarenta años" en caso de que los Franco reclamen una indemnización.

BNG y En Marea no lograron el consenso de la Cámara para detallar que al pazo será utilizado para la recuperación de la memoria histórica. El PP instó a los grupos a "no poner el carro antes de los bueyes" y el PSOE, a "no perderse en cuestiones extemporáneas" y "no poner sobre la mesa elementos divisorios", en palabras del socialista Xoaquín Fernández Leiceaga.

Tampoco prosperó la proposición del BNG para exigir el apoyo de la Cámara a los "19 de Meirás", los militantes denunciados por los Franco por la ocupación simbólica del pazo, que ayer asistieron al debate. El PP votó en contra alegando que se trata de una cuestión que está sub iudice, aunque apostilló Puy: "El PP, en un pleito, entre las personas que ocuparon el pazo simbólicamente y los Franco, estará con los que lo ocuparon".

Todos los grupos se felicitaron por un "acuerdo histórico" y el PP, el más reacio en el pasado, celebró este momento de "maduración democrática". El Gobierno local de Sada y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica también celebran el acuerdo en la Cámara gallega como un "día histórico" para el municipioSada Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.