El Gobierno local de Culleredo suspende una inversión en obras con fondos del remanente de tesorería dado que Intervención municipal aprecia riesgo para la estabilidad presupuestaria en esta operación. El Ejecutivo municipal exigirá "medidas urgentes" al Gobierno central para erradicar los "obstáculos administrativos" y las "trabas legales" a los ayuntamientos para dedicar remanente a obras.
El alcalde, José Ramón Rioboo, pretendía llevar a pleno este mes una propuesta de inversión de 1,27 millones de euros en obras de los 7 millones de remanente de tesorería que acumulan las arcas municipales por dinero no gastado, pero la interventora interpreta que, según la legislación estatal, esa inversión amenazaría el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que informa en contra.
El regidor denuncia que los "obstáculos" impiden al Ayuntamiento cullerdense invertir los fondos acumulados "fruto de un trabajo progresivo de ahorro y contención del gasto" y cuando, asegura, el Concello, ya sin deuda, se encuentra en "la mejor situación económica de la historia reciente del municipio". El Ejecutivo local pretendía destinar fondos a reparaciones de caminos y la modernización de Fonte da Balsa y lamenta que las directrices autonómicas marcan como "objetivo para 2018 el cero para todos los ayuntamientos de España, con independencia del estado de sus cuentas". "El texto legal único para todas las corporaciones locales frena la intención del Gobierno local de Culleredo de aprovechar el superávit para esas actuaciones tan esperadas", afirma.
La clave en la desaprobación de Intervención consiste en la aplicación de la regla para el cálculo de la estabilidad presupuestaria. La diferencia entre la previsión de ingresos no financieros y los créditos definitivos no financieros determina que, si se realiza esa inversión, se incurre en un déficit de 2,8 millones de euros. Rioboo trasladará la situación a la nueva ministra de Administraciones Públicas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Rioboo denuncia también que la nueva ley de contratación supone la "paralización" de los concellos.
