El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña ha desestimado la solicitud del Ayuntamiento de Sada de declarar la inejecución de la sentencia que en 2014 confirmó el derribo de los edificios de la avenida Sada y sus Contornos y Camiño de Fiunchedo. El juez ha rechazado la petición del Concello de salvar del derribo el bloque de veinte pisos de Sada y Contornos y ha anulado la licencia de legalización el alcalde, Benito Portela, concedió a la comunidad de propietarios el pasado 16 de marzo de este año.

El Concello otorgó el permiso en base a un informe del arquitecto municipal que declaraba conforme a derecho el proyecto de legalización y que concluía que no era preciso ejecutar ningún tipo de obra dado que el edificio cumplía las normas de habitabilidad y los parámetros urbanísticos que establecía el nuevo plan general.

El bloque de viviendas que pretendía legalizar el Concello fue construido al amparo de una licencia unitaria para los dos bloques de viviendas. El juez admite en su auto que este edificio en concreto no fue el que había propiciado la anulación del permiso, sino el de O Fiunchedo, aunque la sentencia q ue anuló la licencia también advertía de posibles irregularidades, como que se hubiese ejecutado más altura y vuelo del permitido.

El juzgado estima los argumentos del promotor Gervasio Carballo Brasa, rechaza la solicitud de inejecución parcial de la sentencia de derribo y anula la licencia de legalización concedida porque "no consta que el arquitecto técnico municipal hubiese visitado el bloque a legalizar y tomado de forma rigurosa las medidas pertinentes para verificar que lo ejecutado se ajustaba al proyecto y ambos al planeamiento".

El juez incide en que la licencia de legalización se otorgó con un informe que se basaba solo "en la documentación técnica aportada" sin pronunciarse "sobre lo que se había ejecutado en realidad". El magistrado afirma en el auto que hay otras "anomalías", en concreto, la ausencia de informes sectoriales y la aplicación de un código técnico de edificación ya derogado.

El juez concluye que deben "proseguir las actuaciones tendentes a demoler ambos edificios", aunque matiza que el Concello aún está a tiempo de conceder una nueva licencia "que realice lo que realmente se ha ejecutado" en base a un informe técnico "que se pronuncie con rigor sobre el ajuste de la realidad a la normativa vigente".

El juzgado condena al Concello y a la promotora Meu Lar a abonar las costas a Gervasio Brasa.