Entró en septiembre de 2004 para sustituir en la Alcaldía a José Antonio Santiso, que fue nombrado conselleiro de Agricultura de la Xunta de Fraga. Y cinco años después, en abril de 2009, dejó el cargo por una moción de censura impulsada por su predecesor. De ese periodo como alcalde Juan José Rocha cosecha ahora una condena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la construcción, además de una multa económica, por un delito contra la ordenación del territorio. ¿El motivo? La autorización de reformados de las licencias ilegales que se habían concedido en 2002, con Santiso en la Alcaldía, para construir en suelo rústico.

"Si he cometido algún delito es haber formado parte de la junta de Gobierno de Santiso cuando era alcalde", aseguró el entonces regidor en 2008. Una década después, la justicia falla en sentido contrario: Rocha es condenado y Santiso, absuelto. El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña sentencia que existen pruebas de que Rocha conocía que obraba contra la ley al autorizar los reformados, dado que existían informes desfavorables de la secretaria municipal que accedió al cargo en 2004, que comentó sus reparos con Rocha y los técnicos que informaron a favor. La secretaria llegó a meter por registro en el Ayuntamiento sus informes. "Para evitar que desaparecieran", recoge el fallo judicial, que relaciona esta decisión de la funcionaria con la conversación en la que, según ella declaró en el juicio, Rocha llegó a decirle: "No sé para qué haces los informes".

"Yo nunca tuve informes negativos y nadie me advirtió de estar delinquiendo", aseguró Rocha en sede judicial. El magistrado, sin embargo, falla que el exalcalde y los tres técnicos condenados "conocieron al más mínimo detalle el contenido de los informes y fueron plenamente conscientes de que la trama desarrollada por el señor Carro era ilegal y aún así decidieron colaborar". Dicta "claramente se aprecia" que Rocha y los arquitectos tenían conocimiento y voluntad de vulnerar la ley.

Sin embargo, el juez, José Antonio Vázquez Taín, falla que no existen pruebas de que Santiso actuase con conocimiento y voluntad de delinquir. A diferencia del periodo en que Rocha fue alcalde, no constan informes por escrito del anterior secretario, ya fallecido. Santiso y varios exconcejales aseguraron en el juicio que el anterior habilitado nacional no plasmaba por escrito su parecer y se limitaba a no llevar a Junta de Gobierno los expedientes en los que apreciaba alguna irregularidad. La ausencia de informes escritos es "ilegal", recuerda el juez, pero no permite probar que Santiso y los exediles supieran que delinquían.