En un año, la reclamación aprobada por la Corporación local de Sada se ha convertido en una demanda unánime en Galicia: recuperar Meirás. Ayuntamiento, Xunta, y Diputación, además de varios colectivos, se han unido para reclamar al Gobierno central que inicie los trámites para reclamar la titularidad pública del pazo, de acuerdo a los dos informes elaborados por expertos que avalan la viabilidad de esta demanda.

El primer paso a nivel institucional se dio en el salón de plenos de Sada, abarrotado por vecinos, el 12 de agosto de 2017. La Corporación municipal aprobó solicitar que se caminase hacia la reversión de la titularidad del pazo y la gestión pública de las visitas. Además, se declaró de modo simbólico a la familia Franco como non grata en el municipio.

Estas iniciativas se aprobaron con los votos a favor de Sadamaioría, el BNG y el PSOE; el voto en contra del Partido Demócrata Sada Popular (PDSP) y con la abstención del PP. El apoyo de los populares a la causa de Meirás se hizo esperar. De hecho, las reclamaciones llegaron tras conocerse las conclusiones de la comisión de expertos formada a instancias del Parlamento gallego, que avala la reclamación del pazo como bien demanial, ya que por la fuerza de uso institucional ha de considerarse un edificio público, y cuando el socialista Pedro Sánchez ganó la moción de censura y se puso al frente del Ejecutivo estatal, a quien corresponderá iniciar los trámites.

Mientras se lograba en consenso sobre la reclamación y se esperaban los dos informes que ven factible recuperar el pazo, la familia Franco ha puesto el inmueble a la venta. La inmobiliaria especializada en viviendas de lujo Mikeli vende la propiedad por 8 millones de euros.

En los últimos días, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha urgido al Gobierno central a que inicie las acciones legales para incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público. El regidor sospecha que la decisión de los Franco de volver a poner el pazo a la venta -habían retirado el anuncio- responde a la aprobación por unanimidad en el Parlamento gallego el 11 de julio de reclamar su titularidad pública. Reclama al Gobierno del Estado que cumpla la "exigencia democrática" y presente la demanda civil.