La interventora municipal de Arteixo rechazó la decisión del Gobierno local de subrogar a once trabajadores de la concesionaria de la recogida de la basura del Consorcio As Mariñas, Cespa, para incorporarlos al nuevo servicio municipal que el Ejecutivo puso en marcha el pasado 1 de agosto. La funcionaria encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad concluyó que fue una decisión "sin fundamento legal ninguno", ya que considera que el Concello "nunca ha tenido, ni tiene en la actualidad, vínculo contractual ninguno con Cespa", con lo que no puede realizarse ningún tipo de subrogación. El Ejecutivo municipal niega esta argumentación y asegura que "no es ajeno, ni puede serlo, a la relación contractual por formar parte de la Administración" que adjudicó el contrato de la basura "como órgano de contratación titular de derechos y obligaciones".

"La subrogación tal y como se plantea, sin fundamento legal ninguno, puede tener consecuencias para los trabajadores y consecuencias económicas y jurídicas para esta Administración, ya que colisiona con los principios de mérito y capacidad por los procedimientos establecidos", asegura la interventora en un informe que elaboró para analizar la incorporación de estos once operarios. La funcionaria decidió emitir un reparo suspensivo, que el alcalde, Carlos Calvelo, anuló para poder proceder a la incorporación de los once empleados al servicio de basura municipal, que empezó a funcionar el 1 de agosto.

La interventora argumentó en su informe que se incumplen todos los "elementos jurisprudencialmente aceptados" para efectuar una subrogación, ya que el centro de la empresa o el tipo de actividad no coinciden, no se produjo ninguna transmisión de bienes materiales (el Concello adquirió todo el material necesario para la puesta en marcha del servicio de basura), el Ayuntamiento no se hace cargo de la mayoría de los empleados y tampoco hay una "transmisión de clientela" (solo se da servicio a Arteixo y no al resto de ayuntamientos del Consorcio).

Intervención consideró que "no es legalmente posible" la subrogación de los cinco trabajadores con cláusula de retorno (pasaron del Concello al Consorcio As Mariñas en 2001 y ahora hacen el recorrido inverso) porque no existe ningún "decreto o resolución administrativa" que lo recoja. Solo hay "una manifestación unilateral" del alcalde en aquel momento, Manuel Pose, según defendió la interventora municipal. La opinión de esta funcionaria no coincidió con la del jefe del área de Servizos Xerais, que argumentó que "en rigor no supondría una subrogación, sino la aplicación de los efectos de un acto administrativo dictado y notificado en el año 2001 que garantizaba su reingreso como empleados públicos". Estos cinco empleados han pasado a ser personal laboral indefinido desde el 1 de agosto, cuando arrancó el servicio de basura municipal.

Sobre los otros seis operarios que subrogó el Concello, tanto la interventora como el jefe del área de Servizos Xerais comparten en que no es legal incorporarlos al personal municipal. La funcionaria asegura que la subrogación de esta parte de los trabajadores se realiza "fuera de los instrumentos legales debidamente aprobados por el pleno para la ordenación del personal". El jefe de Servizos Xerais concluyó que no existe "precepto normativo que permita integrar a dichos trabajadores dentro de las categorías de empleados públicos como consecuencia de la aplicación de la figura de la sucesión empresarial por el necesario respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público". Estos seis operarios son desde el 1 de agosto personal laboral indefinido no fijo del Concello.

El informe que elaboró la técnico de Personal del Concello concluyó que era "inviable" realizar cualquier proceso de selección de contratación con las "mínimas" garantías porque apenas quedaba tiempo para poner en marcha el servicio y que sí se cumplían las condiciones para realizar la subrogación, aunque debía quedar "absolutamente acreditado" que estos trabajadores estaban adscritos "únicamente y exclusivamente" a las rutas de Arteixo.

El Gobierno local defendió que tiene la "obligación" de asumir la subrogación de "aquellos trabajadores" que prestaban el servicio del Consorcio en Arteixo (once en total) y en caso de no hacerlo, "la obligación de asumir las correspondientes indemnizaciones por los despidos de los afectados". También indicó que "los informes técnicos emitidos" concluyeron que en este caso "se dan los condicionantes legales establecidos para que opere la sucesión empresarial".