La secretaria y la exinterventora de Miño declararon ayer en calidad de testigos ante el juzgado que investiga al exalcalde Juan Maceiras y al actual primer teniente de alcalde, Jesús Veiga por supuesta prevaricación administrativa en la contratación de unas obras en 2007.
Según ha podido saber este diario, las dos habilitadas nacionales declararon ante el juez que informaron en aquel momento a la Corporación municipal de un posible fraccionamiento prohibido del objeto del contrato y que fue el pleno el que decidió levantar el reparo y continuar con la contratación de los trabajos. La secretaria negó además que hubiese aconsejado verbalmente levantar el reparo. A preguntas del abogado de Juan Maceiras, la funcionaria reiteró que fue levantado por el pleno y no por el alcalde y que fueron dos obras las que se informaron desfavorablemente.
La exinterventora declaró que puso reparos al expediente de contratación por la inexistencia de crédito y por la apariencia de un posible fraccionamiento del contrato, dado que se trataban de obras con el mismo objeto separadas por los márgenes de las calles.
La causa abierta contra Juan Maceiras y Jesús Veiga se inició a raíz de una denuncia del PSOE. Los socialistas llevaron a los tribunales un supuesto fraccionamiento de contratos de arreglos en caminos y alumbrado. La formación denunció que el exalcalde firmó la resolución solo tres días antes de los comicios y que fraccionó los contratos "para beneficiar a determinadas mercantiles".
Entre las obras, citaron unas de alumbrado en Bemantes divididas en el margen derecho e izquierdo de la calle que se contrataron en dos lotes, de 59.954 y 59,125 euros respectivamente cuando el límite del negociado sin publicidad era de 60.101 euros. Unas de afirmado de camino en Callobre en dos tramos de 58.795 y 59.795 euros y otros de alumbrado en Bañobre de 69.807 y 59.822 euros respectivamente.
