Imagine que la Diputación es propietaria de un monte y le cede el uso al Ayuntamiento de Culleredo con la condición de destinarlo a actividades deportivas o culturales pero en lugar de eso el Concello otorga permisos a una empresa privada para que haga vertidos. Pasan veinte años y el monte ha aumentado de altura con toneladas de escombro de obra, hierros, plaquetas, neumáticos. De repente van a iniciarse las obras para ampliar 400 metros la pista de Alvedro y hace falta mucha tierra y piedras para rellenar y la Diputación en 2012 autoriza al Concello a desmontar todo el vertedero de escombro para ayudar a Fomento a aumentar el aeropuerto y las empresas contratadas para excavar empiezan remover tierras para coger las piedras mientras el resto lo van tirando en fincas privadas sin permiso, sin expropiarles, arrasando con los marcos y talando su madera, y por encima vallando e impidiéndoles el acceso a ellas. Y estos afectados ven cómo se van acumulando toneladas de escombro del antiguo vertedero sobre sus fincas hasta que los marcos quedan quince metros bajo tierra. Tal cúmulo de despropósitos es difícil de creer pero ni las administraciones lo niegan.

"Llevamos cinco años de lucha, de reuniones, escritos, negociaciones, gastos en abogados. Ahora la Diputación quiere compensarnos pagándonos a los doce afectados 54.818 euros, precio con el que no estamos de acuerdo y que tenemos recurrido y aún no nos han contestado. Pero ese dinero es por la ocupación durante la obra, pero es que seguimos teniendo las fincas ocupadas hoy. Queremos que nos retiren el escombro, que nos dejen las fincas como estaban. ¿Tenemos que pagar nosotros el desmonte de entre quince y veinte metros de escombro acumulado? Lo peor es que alguien puede denunciarnos por tener un vertido en el monte, el Seprona por ejemplo. Tampoco podemos limpiar nuestras fincas porque es imposible acceder a ellas y el Concello puede multarnos. Acumularon tanto en nuestras tierras que cualquier día, con muchas lluvias, hay desprendimientos y cae todo", explica José Manuel Domínguez, uno de estos afectados.

El Concello de Culleredo señala que es consciente de este problema y está dispuesto a recibir a los afectados para ayudarles a encontrar una solución. También señaló que habló con representantes de la Diputación para hallar una "solución" porque los vecinos tienen razón en sus demandas y sabe que este órgano está "haciendo todo lo que puede para compensarles". En el plan general en proyecto en Culleredo se marca esta zona como de equipamiento deportivo junto con A Garrocha, enfrente, por lo que el Ejecutivo pretende reunirse con el ente provincial para ver cómo se podría ejecutar este proyecto y eliminar estos vertidos.

La Diputación indica que este problema lo ha heredado del anterior Gobierno y ha tratado de "reparar" los daños infligidos a los afectados. El año pasado inició un expediente de deslinde para determinar las superficies exactas de los terrenos ocupados indebidamente y ahora acaba de abrir un expediente de responsabilidad patrimonial tras un peritaje de fincas y arbolado. "Respecto al escombro que está en sus tierras, estamos buscando una solución lo más satisfactoria posible", señalaron fuentes provinciales.

"Rechazamos el dinero que nos ofrecen porque nos reconocen menos metros de terreno de los que teníamos, las coordenadas que proponen no coinciden con las de los marcos de nuestras fincas o cambiaron la configuración de las parcelas", dice Domínguez. "Todos, los doce, tenemos menos metros cuadrados de los que figuran en las escrituras pero incluso menos metros de los que certificó AENA en el informe que hizo cuando nos midió para expropiarnos la superficie de vuelo. Y por cierto AENA no dice nada ahora que aumentó la altura del monte", agrega Dolores García, la vecina más afectada en cuanto a superficie ocupada.

"Todo el mundo se ha desentendido. Y nosotros nos hemos movido pero muchos propietarios son gente mayor, ha sido un abuso. Hemos tenido unas quince reuniones, en el Concello, en la Diputación. Al principio no reconocían la ocupación, luego hubo intentos de compra a precios ridículos. En el Concello nos derivaban siempre a la Diputación", destaca otro afectado, Javier García.

Estos afectados se hacen muchas preguntas. Si había una partida para el traslado de los residuos por gestor autorizado y no se trasladaron porque siguen depositados en sus fincas, ¿a dónde fue el dinero ahorrado? Si el pleno de la Diputación del 22 de marzo de 2013 aprobó el pliego de la venta de la tierra y piedras sacadas del monte Costa y en dicho pliego constaba específicamente que la Diputación "supervisaría los trabajos de extracción", ¿por qué nadie se dio cuenta de que la empresa adjudicataria de las obras de desmonte estaba vertiendo en terrenos que no eran del ente provincial sino privados?

En este pliego se exigía que la empresa adjudicataria debía presentar antes de iniciar los trabajos un proyecto de explanación y "regeneración", pero no se hizo. Se preveía que si no lo hacía, la Diputación podía proceder a la "incautación de la garantía definitiva y a la exigencia de indemnización". ¿Por qué no se exigió? También el Ministerio de Medio Ambiente, en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la pista, exigía "la restauración e integración paisajística". Pero no se hizo más que aumentar la altura del monte Coste a base de acumular escombro y dejar que lo cubriese la maleza y proliferase la hierba de la Pampa.

En el pliego del contrato para vender la tierra extraída la Diputación puso una salvaguarda: "Expresamente queda liberada de las posibles responsabilidades derivadas de la directa ejecución de las obras de desmonte y extracción" y cualquier problema judicial por esta causa será cosa del "adjudicatario-contratista". La UTE Alvedro Aeropuerto, integrada por las empresas Azvi, Ciser y Puentes Infraestructuras, fue denunciada ante la Guardia Civil el 1 de mayo de 2013 por Javier García al avisarle un vecino de que habían invadido su finca y habían puesto un cartel de límite de expropiación, donde nunca se expropió. "No sé nada de esta denuncia, nadie actuó contra esta UTE", apunta.

AENA acordó pagar a la Diputación un euro por metro cúbico extraído, luego subió a dos euros. Del monte Costa se estimó que se sacarían dos millones de metros cúbicos. Total, cuatro millones.