El Banco Santander garantiza que no realizará ningún desalojo de inquilinos en situación de vulnerabilidad en A Patiña. La entidad bancaria asegura en una carta remitida al alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, que la sociedad Luri6 es aún la propietaria del inmueble y que no expulsará a los alquilados con bajos ingresos incluso aunque existan impagos de rentas. El Ayuntamiento recibió ayer la misiva, un día después de la manifestación de los afectados y de que la Corporación municipal aprobara una moción institucional para exigir soluciones, además de una iniciativa de ACdeC apoyada por el PP que reclama medidas a nivel municipal.

En la carta, asegura, contra las informaciones que manejaban los afectados, que el inmueble aún es propiedad de su filial Luri6. Sobre las comunicaciones que pusieron en alerta a los vecinos, el Santander afirma que "las cartas que han recibido algunos inquilinos de dichas promociones son comunicaciones estándar que, según dicta la Ley de Arrendamientos Urbanos, todo arrendador debe enviar a su inquilino antes de finalizar el contrato, si quieres contemplar la opción de modificar las condiciones del mismo". No aclara si pretende cambiar los contratos.

En la misiva, el Santander elude concretar si pretende vender el edificio y se limita a garantizar que cumplirá la ley. "En el caso de plantearse en el futuro un proceso de venta, cumpliremos estrictamente con la legislación vigente", reza la carta. Como despedida, el banco se pone a disposición del alcalde para mantener una reunión.

Patiño advierte de que "a pesar de ser una buena noticia, el comunicado no viene firmado por ningún cargo, por lo que hay que tener prudencia y exigir a los responsables de Luri6 que se pongan en contacto con el Concello y con los inquilinos para trasladarles esta noticia". El regidor pedirá un encuentro ya que ve "indispensable mantener una reunión con los responsables de Luri6 para que confirmen en persona esta posición e expliquen cómo y cuándo van a renovar los alquileres a los inquilinos a los que se advirtió por carta de la finalización de sus contratos".

Al apoyo del Concello se sumó ayer el de la Diputación. La Corporación provincial aprobó ayer en pleno una declaración institucional para exigir medidas a Xunta y Estado. En la línea de la moción de Cambre, pide fijar un mecanismo de recolocación y una moratoria de ocho años de los contratos.