El Concello de Miño aprobó ayer en un bronco pleno reclamar al Estado que le condone la deuda millonaria que ha contraído por la gestión irregular de la urbanización de Fadesa. El Ayuntamiento, que fue condenado como responsable subsidiario a pagar cerca de 14 millones a los expropiados -a los que pueden sumarse más de 9 millones en intereses (aún en litigio)-, aprobó ayer en pleno una moción del partido del alcalde, Miño Plataforma Aberta, en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a condonar la deuda por "las especulaciones urbanísticas en el desarrollo de Costa Miño Golf".
La moción fue aprobada con los únicos votos del Gobierno local, del que forma parte el PP, promotor de este desarrollo que defendió en el pasado como "un proyecto residencial único que iba a ser el motor del municipio". Su defensa contrasta con su apoyo a una propuesta que describe Miño como un "icono del pelotazo urbanístico", en que se produjo un "desarrollo insostenible" en "beneficio de los especuladores". "El pueblo de Miño fue víctima de la cultura del pelotazo urbanístico", afirma.
El alcalde, el independiente Ricardo Sánchez, equiparó la deuda de Miño con la de 350 millones que contrajo el Consorcio Valencia 2007-- en el que tienen representación el Ayuntamiento de Valencia (un 20%) el Gobierno central y autonómico, un 40% respectivamente)-, al organizar la Copa del Mundo y carreras de Fórmula 1 y que ha sido condonada por el Estado.
El PSOE acusó al Ejecutivo local de pretender maquillar con esta moción una "petición de que el Estado intervenga el Concello" y recordó que este año hay que pagar la primera cuota del préstamo millonario (alrededor de dos millones). Los socialistas acusaron al Ejecutivo de intentar engañar a la ciudadanía y recordaron que Miño contrajo la deuda "por una sentencia judicial": "No fue un castigo divino", incidió. El PSOE presentó una enmienda a la moción para declarar a la Xunta responsable solidario de la deuda, ya que "tenía la obligación de supervisar el desarrollo urbanístico y las expropiaciones". Su portavoz, Manuel Faraldo, recordó al alcalde que había votado a favor de esta petición cuando formaba parte del PSOE. Su recordatorio no tuvo efecto. El regidor y el PP votaron en contra de la enmienda y limitaron sus exigencias el Estado, al que piden que condone la deuda o amplíe los plazos de devolución (esto último ya se lo pidieron sin éxito al Gobierno del PP).
El PSOE no votó el punto tras un agrio debate en el que el alcalde le exigió que limitase su intervención a 5 minutos. Los socialistas pidieron más tiempo por la complejidad del asunto, pero les fue denegado y, finalmente, optaron por no votar. El alcalde terminó el pleno negando que pidan la intervención del Estado: "Tenemos los fondos para liquidar ya la cuota de 2018", afirmó.
