Las dudas sobre el futuro de sus viviendas proliferan entre los vecinos del edificio con alquileres sociales de A Patiña. El comunicado del Banco Santander enviado al Concello de Cambre y a la Valedora do Pobo -que abrió una queja de oficio- en el que garantiza que no realizará lanzamientos de arrendatarios en situación vulnerable deja flecos sin concretar, además de entrañar "incongruencias" con respecto a los comunicados en que la sociedad administradora de los alquileres, vinculada al banco, Luri6, anunciaba la resolución de algunos contratos.
El banco aseguró que no expulsaría de sus viviendas a vecinos en situación vulnerable, incluso aunque existiesen impagos de renta. Apuntó que se trataba de "comunicaciones estándar que, según dicta la Ley de Arrendamientos Urbanos, todo arrendador debe enviar a su inquilino antes de finalizar el contrato, si quieres contemplar la opción de modificar las condiciones del mismo". Pero la entidad no aclara si existe intención de modificar las condiciones de los contratos, y qué cambios prevé, o si solo se permitirá permanecer en el inmueble a los residentes con dificultades económicas.
Los vecinos, a través de la plataforma A Patiña en Loita, sostienen que "en la actualidad ninguno de los vecinos se encuentra en situación de impago". Además, recuerdan que en cartas enviadas a arrendatarios, la gestora de activos vinculada al Santander y administradora de la propiedad de Luri6, Altamira, notificó a propietarios "la voluntad de no renovar el contrato y darlo por resuelto", como en un comunicado en que se avisaba a unos vecinos a quienes marcaban como fecha de extinción este mes. En la misma comunicación, pedían que los interesados comunicaran si querían continuar en su vivienda "con un nuevo contrato de alquiler". Los vecinos aseguraron que algunos notificaron su intención de continuar, pero no recibieron respuesta alguna.
La plataforma señala que "otra de las incongruencias es la de afirmar que las viviendas son de protección oficial en la actualidad, cuando la Xunta asegura que ya no lo son", dado que ha vencido el plazo obligatorio para mantener estas condiciones. Fadesa construyó el inmueble a finales de los años 90 a través de un acuerdo con la Xunta que preveía que las viviendas se alquilarían durante veinte años a personas desfavorecidas. El plazo venció y el inmueble se vendió a Altamira. Los vecinos apuntan que, "en caso de tratarse de viviendas de protección oficial, no es posible cambiar las condiciones del alquiler, lo cual indica como intención el Banco Santander en la remisión de las cartas recibidas por los vecinos, ya que las condiciones de este tipo de viviendas están fijadas por ley".
La comunicación enviada por el Santander al Concello de Cambre llegó sin firma, advirtió el alcalde, Óscar García Patiño. El alcalde y la Valedora coinciden en que hay que concretar plazos y condiciones para la continuación de los vecinos a los que se permita seguir en sus viviendas.
Patiño solicitó una reunión para aclarar la situación y los planes de la propiedad sobre el inmueble el pasado jueves, día en que recibió la misiva que prometía no echar a vecinos en situación vulnerable, en la que el banco se ofrecía a mantener un encuentro. El Concello de Cambre aseguró ayer que todavía no había recibido respuesta.
