El Registro de la Propiedad y el Banco Santander consideran que las viviendas con alquileres sociales de A Patiña son todavía de protección oficial. Una nota simple solicitada a la institución pública por los vecinos el mes pasado y los nuevos contratos de arrendamiento que ha remitido a los vecinos el Banco Santander, propietario del inmueble a través de una sociedad, coinciden con la interpretación jurídica del Ayuntamiento, que sostiene que los pisos gozan de protección oficial hasta 2027, de acuerdo con el documento de clasificación del edificio. Esta lectura difiere de la de la Xunta, que asegura que una ley anterior a la firma de ese documento, en 1997, obliga a limitar la protección de los inmuebles destinados a alquiler al periodo fijado para la amortización del préstamo, 20 años en este caso, por lo que los pisos habrían dejado de estar protegidos en 2007.
La nota del Registro de la Propiedad, del pasado 17 de octubre, detalla en las cargas que la propiedad está "acogida a a beneficios de la Ley de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada". En la propuesta de contrato de alquiler remitido en las últimas fechas a varios vecinos para renovar sus arrendamientos, el Santander detalla que "los inmuebles objeto de arrendamiento están sujetos a las prohibiciones y limitaciones derivadas del Régimen de Viviendas de Protección Oficial" y "por consiguiente las condiciones de utilización serán las señaladas en la Calificación Definitiva y el precio de renta no podrá exceder de los límites establecidos". La Calificación Definitiva a la que alude la propiedad del edificio en el texto del contrato es el documento firmado en 1997 con Fadesa, titular inicial del inmueble, en el que se determina que las viviendas permanecerían bajo el régimen de protección oficial durante 30 años.
La Xunta explicó este lunes que el plazo de 30 años se fijaba de modo genérico para todos los inmuebles de protección oficial pero que en el caso de los destinados a alquiler, debía imperar una ley anterior, aseguró, que restringía este periodo al plazo de amortización del préstamo para la construcción, 20 años en el inmueble de A Patiña, o 25 años si no existiese préstamo. El Gobierno gallego admitió que pueden existir distintas interpretaciones jurídicas y sugirió que el Ayuntamiento o los afectados tienen la opción de recurrir a la vía judicial para esclarecer las condiciones que deben regir los alquileres.
El Concello hizo público este lunes que el documento de clasificación definitiva de 1997 determina que las viviendas son de protección oficial hasta 2027 según este escrito, que debe primar sobre la ley a la que alude la Xunta, según los técnicos municipales. Los vecinos estudian la situación jurídica del inmueble con su abogada. Explican que no descartan recurrir a la justicia.
