"En una incertidumbre absoluta". Así se declaran los vecinos del edificio con alquileres sociales de A Patiña con respecto a la situación de sus viviendas. Tras temer que tendrían que abandonar sus pisos por las sospechas de que el titular, el Banco Santander, negociaba su venta a un fondo buitre, los residentes desconocen ahora si los pisos son aún o no de protección oficial. El Ayuntamiento y la entidad bancaria consideran que el inmueble mantiene el régimen de protección hasta 2027 mientras que la Xunta defiende que esta calificación venció en 2017.

"Nos sentimos en una situación de indefensión e impotencia máximas y tenemos la sensación de que están jugando con nosotros. No entendemos de leyes, somos gente humilde que pagamos nuestros alquileres en una vivienda de protección oficial, apenas tenemos tiempo, después de los trabajos, para dedicar a pelearnos con entes abstractos, administraciones o leyes", manifiesta la plataforma A Patiña en Loita a través de un comunicado remitido ayer a los medios, tras conocer la información publicada por este diario que releva las discrepancias en la interpretación jurídica de la Xunta, por un lado, y del Santander y el Concello, por otro.

El Ayuntamiento fue el primero en hacer público, este lunes, el documento de calificación definitiva del inmueble, del Instituto Galego de Vivenda -dependiente de la Xunta-, redactado en 1997, que prevé que el edificio sea de protección oficial por el plazo de 30 años, por tanto, hasta 2027. Sostiene que, según los jurídicos municipales, debe primar lo recogido en este escrito. La Xunta replicó, sin embargo, que el periodo de protección finalizó en 2017. Aseguró que se firmó la protección por 30 años porque se hacía de modo genérico para todas las viviendas, pero que una ley anterior a la firma de ese documento, la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994, dicta que para las viviendas destinadas a alquiler debe restringirse la protección oficial al periodo de amortización del préstamo para la construcción, que en este caso era de 20 años. Y considera que la ley prima sobre la calificación definitiva.

Este martes, vecinos de A Patiña informaron a este diario de que las propuestas para la renovación de los contratos remitidas por el Banco Santander recogían que el inmueble es de protección oficial hasta 2027, igual que una nota simple solicitada el mes pasado al Registro de la Propiedad. La Xunta apunta que es el dueño del inmueble quien debe cambiar en el registro la situación del inmueble para retirar la protección.

El Gobierno gallego se reafirmó ayer en su interpretación jurídica. Rechazó la posibilidad de revisar su lectura y no aclaró a qué criterio deben atenerse los vecinos, si al suyo o al del Santander. En su primera respuesta al Ayuntamiento, sugirió la posibilidad de que los afectados recurran a la justicia para esclarecer la situación del edificio. Los vecinos estudian el caso con su abogada y no descartan la vía judicial.