Cuatro días después de la marcha para reclamar la devolución del pazo de Meirás, el Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición del BNG en la que reprueba las "argucias" de la familia Franco para intentar "boicotear" el proceso e insta al Gobierno a "activar con urgencia la demanda legal" para incorporar este inmueble al patrimonio público.
El diputado nacionalista Luís Bará denunció la falta de "avances ni voluntad política" para "dar celeridad" a este asunto y lamentó que no forme parte de las "prioridades" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El parlamentario afirmó tener "la impresión" de que se busca "enredar y hacer que se hace", mientras que los Franco realizan "artimañas" para "boicotear" y apeló al intento de un nieto del dictador de vender su parte del pazo a una empresa de su propiedad.
Bará tuvo también reproches para el Gobierno gallego, al que achacó "cierta pasividad o falta de transparencia" precisamente en sus posicionamientos sobre las "argucias" de los Franco.
El PSdeG apoyó la proposición y manifestó el "respaldo" de los socialistas de "toda España" a esta demanda. El diputado Juan Díaz Villoslada sostuvo que el Gobierno de Pedro Sánchez solo busca actuar "con la máxima seguridad jurídica" y advirtió al BNG de que "la memoria histórica no es patrimonio de un partido político".
En Marea recordó que se trata de una demanda apoyada por todos los partidos y que tiene el respaldo de numerosas organizaciones civiles. Su diputada Julia Torregrosa advirtió de que "no es una cuestión de intención, sino de acciones".
El PPdeG defendió la "coherencia" de su formación y aseguró que "siempre" defendió incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público, a pesar de que tumbó en el pasado varias iniciativas en este sentido. El diputado César Fernández Gil instó a todos los partidos a "caminar juntos" y no utilizar el pazo de Meirás como arma arrojadiza.
El Gobierno realiza un informe
A consulta de este diario, el Ministerio de Justicia explicó ayer que aguarda por el informe de la Abogacía del Estado que determinará la viabilidad de las vías judiciales que plantea la comisión de expertos de la Xunta y la Xunta Pro Devolución del pazo de Meirás.
