El juzgado en 2013 y el Tribunal Superior de Xustiza en Galicia en 2014, ratificaron que la licencia otorgada por el Concello de Sada cuando gobernaba Ramón Rodríguez Ares para construir dos edificios con 58 pisos en Sada y sus Contornos y Fiunchedo, era nula. Con sentencias firmes que obligan a la demolición de este inmueble, que está habitado, la promotora sigue resistiéndose al derribo. La Justicia ha apremiado al Concello a cumplir con las resoluciones y por eso acordó la ejecución subsidiaria de los trabajos de derribo al rechazarlo la empresa, pero ahora ésta ha decidido acudir al juzgado.

O Meu Lar, promotor de estos pisos junto a Inversiones Cabriales, ha presentado un recurso que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de A Coruña, en el que impugna seis decretos de Alcaldía: el de 2017 que le ordenó presentar el proyecto de demolición de Sada y Sus Contornos 3 y Camiño de Fiunchedo 6; y los de enero, junio, julio y agosto de este año que acordaron la ejecución subsidiaria del proyecto de demolición al no hacerla la promotora, el que desestimó su recurso de reposición, el que confirmó la ejecución subsidiaria y la dirección de la obra, el que rechazó el recurso contra este acuerdo y el decreto que aprobó la liquidación provisional del coste de la demolición, alrededor de unos 700.000 euros.

"El Concello actúa en todo momento según lo que ordena el juzgado. Nos dio de plazo hasta septiembre de 2019 para ejecutar la sentencia firme de demolición y le vamos comunicando todos los pasos que damos para cumplirlo. Ahora la empresa ha presentado un contencioso y tenemos que enviar el expediente y el proyecto de demolición. La promotora no presentó el proyecto y tuvo que contratarlo el Concello. Nosotros tenemos que acatar la sentencia sino queremos incurrir en delito", destacó el concejal de Urbanismo, Francisco Montouto.

Al mismo tiempo, en el plan general urbano sadense, según Montouto, se podría "desarrollar un plan especial en esta zona y ver el encaje que tendría" y si se podría conservar lo ejecutado, sobre todo teniendo en cuenta que los pisos construidos están habitados (uno de ellos está a nombre de una de las promotoras, Inversiones Cabriales).

El Superior en 2016 revocó una orden del juzgado que obligada al Concello a depositar cuatro millones de euros para garantizar la indemnización a los propietarios por la demolición de estos pisos.