El convenio entre el Consorcio de Benestar y el Concello de Miño para la apertura del centro de día construido hace ya una década llega al fin a pleno. La puesta en marcha de este equipamiento habilitado con fondos del Plan E tendrá que superar aún un nuevo escollo debido a la delicada situación económica del Ayuntamiento, lastrado por la desorbitada deuda de Fadesa.

Secretaría e Intervención han emitido un informe desfavorable a la firma de este acuerdo de cofinanciación con la Xunta durante los próximos cuatro años, de 2019 a 2022. Las funcionarias encargadas de velar por la legalidad y una correcta gestión contable consideran que el Concello "no puede garantizar en ese período la sustentabilidad financiera de las ayudas que pretende comprometer", por lo que incumple los requisitos que marca Ley de Régimen Jurídico.

La cuantía que debe pagar el Concello asciende a 2.500 euros anuales por cada usuario de Miño, es decir, un máximo de 25.000 euros al año dado que la Xunta solo reserva inicialmente 10 de las 30 plazas para empadronados en el municipio. Secretaría e Intervención consideran que el Concello no puede asumir los pagos porque en el período de 2019 y 2020 no tendrá capacidad para financiar su parte dentro de los límites de gasto, deuda pública y morosidad que establece la ley de estabilidad presupuestaria.

El alcalde, Ricardo Sánchez, propondrá al pleno levantar el reparo de las funcionarias "en un ejercicio de responsabilidad política y social". El regidor defiende que el gasto para poner en marcha el centro de día es "imprescindible para garantizar una mínima calidad de vida a las sociedades actuales, cada vez más envejecidas y dependientes". El Gobierno local sostiene que "trabaja en diversas medidas económicas" que "permitirán eliminar el déficit estructural" que padece el Ayuntamiento. "La aprobación de estas medidas no es posible en este momento, pero a juicio de esta alcaldía este desfase temporal no puede ser un obstáculo de tal entidad que retrase la puesta en marcha de este proyecto tan fuertemente demandado y necesitado por la ciudadanía", argumenta Ricardo Sánchez en una propuesta firmada el 12 de noviembre.

El Ejecutivo local propondrá al pleno desoír las advertencias de Secretaría e Intervención y aprobar sin más dilación el convenio con la Xunta. El Gobierno municipal plantea disponer ya el gasto de 100.000 euros por el período de vigencia del acuerdo de colaboración.