Vecinos del edificio Hábitat 60 Plus, en A Barcala, denuncian que, desde que cambió la propiedad del inmueble, el año pasado, les imputan mayores costes que antes, lo que supone una situación "insostenible" para los residentes con escasos recursos que tienen alquileres sociales. El Gobierno local de Cambre negocia con la propietaria del inmueble, la sociedad Testa Residencial Socimi, un nuevo convenio que regule con mayor detalle los requisitos para acceder a alquileres sociales e intentará que se vuelvan a rebajar los gastos para vecinos con bajas rentas o en riesgo de exclusión. Los alquileres se rigen por un convenio con el Ayuntamiento que se ha incumplido al no respetarse el requisito de reservar los alquileres sociales a vecinos de entre 18 y 30 años y de a partir de 65.

Residentes en el inmueble denuncian que, en contra de lo que ocurría hasta ahora, la propiedad ha comenzado a repercutirles costes como el agua fría o la tasa de basura, que antes se consideraban incluidos en la renta, además de incrementar la cuota de la comunidad. Los vecinos aseguran que estos cambios han supuesto para alguna familia que el pago mensual por su vivienda pasase de 300 a 430 euros. Afirman, además, que la propietaria del inmueble "se niega a hacerse cargo de las obras de reparación para el adecuado sostenimiento del inmueble", de modo que los inquilinos han llegado a "tener que costearse las reparaciones y a comprar nuevos electrodomésticos pese a tratarse de pisos que se alquilan amueblados".

El Gobierno local ultima un acuerdo con la propiedad. Afirma que el nuevo convenio detallará las condiciones que deben cumplir los inquilinos, centradas en aspectos como la renta o el cobro de subsidios, y que intentará erradicar la cláusula que reserva las viviendas de alquiler social -en el inmueble hay también viviendas libres- a vecinos de 18 a 30 y de más de 65 años, para hacerlas accesibles a residentes de cualquier edad. El Ejecutivo pretende que sean los servicios sociales municipales quienes determinen qué familias presentan necesidades de alquileres con condiciones especiales, que podrían contar con subvenciones.

El cobro de los recibos que ha comenzado a aplicar la nueva propietaria también quedaría fuera del nuevo convenio, según pretende el Gobierno cambrés. El Ejecutivo asegura que la empresa se ha mostrado receptiva a sus propuestas y recuerda que tiene como baza el hecho de que se ha incumplido el convenio todavía vigente al admitir a vecinos de todas las edades.