El pleno de Miño aprobó ayer con los votos del Gobierno local y la abstención del PSOE un suplemento de crédito para proceder al primer pago del préstamo de 12,5 millones para pagar a los expropiados de Costa Miño Golf. Para esta primera amortización de 1,5 millones, el Concello ha tenido que suplementar la partida reservada a amortizar deuda con 599.361 euros procedentes del remanente de tesorería y 785.012 euros de ingresos extra en la recaudación del IBI debido a la subida impositiva aprobada por el Concello y la regulación catastral efectuada por Hacienda.
El Gobierno local dio luz verde a esta transferencia de fondos tras levantar el reparo de Intervención, que emitió un informe desfavorable por el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria por destinar el superávit al pago de cuotas ordinarias y no a una amortización extraordinaria. Este incumplimiento, advirtió la funcionaria, podría derivar en una sanción disciplinaria al Gobierno local.
Más allá del reparo y a consulta del PSOE, la interventora explicó que el pago de esta primera cuota del préstamo de Fadesa se realiza en buena medida con recursos coyunturales y no estructurales. La funcionaria encargada de velar por la contabilidad municipal afirmó que a día de hoy no se han aprobado medidas para garantizar el abono de la cuota de 2019, año en que está previsto que el Concello incurra en déficit.
La ausencia de garantías para proceder al siguiente pago centró las quejas del PSOE, que acusó al Ejecutivo municipal de porfiar en su "política de huida hacia adelante" y tener que recurrir al remanente acumulado durante los últimos años para pagar la primera cuota en lugar de haber puesto en marcha un plan de ajuste con medidas de ahorro durante toda la vida del préstamo que garantizase el pago de todas las cuotas, como defendía el anterior interventor. "Pretenden aparentar que hacen algo, pero todos vemos que siguen llevando a Miño al ejercicio", criticó el portavoz socialista, Manuel Faraldo, que aprovechó el pleno para reclamar a Secretaría e Intervención un informe sobre el escenario económico que se encontrará la próxima Corporación en mayo de 2019.
El alcalde, Ricardo Sánchez, admitió que a día de hoy no puede garantizar el pago de la siguiente cuota del préstamo, pero defendió que se trata de una situación "extraordinaria". "Se van a adoptar medidas para intentar dejar resuelto 2019 para que quien ocupe este lugar tenga el camino allanado", recalcó el regidor, que considera que el Gobierno local ha demostrado su responsabilidad "con creces". Ricardo Sánchez afeó a los socialistas su abstención y defendió el voto favorable al suplemento de crédito por responsabilidad, para evitar el incremento de la deuda con intereses. "Todos votamos favorablemente recurrir a este préstamo de 12,5 millones y me parece que es de responsabilidad votar favorablemente para comenzar a pagar el dinero", incidió. Sus socios del PP votaron a favor, pero sin intervenir en el debate.
El pleno dio luz verde también a un suplemento de crédito de 240.000 euros con cargo al remanente para garantizar siete servicios municipales a punto de quedarse sin fondos. Tras esta operación y la amortización del crédito, el remanente del que dispondrá el Concello se reduciría de 993.719 a solo 214.570 euros, según los datos que recoge la propuesta.
La decisión de suplementar gasto corriente con cargo al remanente para garantizar servicios que se están quedando sin fondos suscitó también las críticas del PSOE. "¿Cómo es posible que las partidas no lleguen para atender los servicios y haya que suplementarlas si se reducen los gastos?", inquirió Manuel Faraldo. La interventora sostuvo que había nuevos servicios como el de limpieza de Costa Miño, pero admitió que las causas de esta situación "requerían de un análisis detallado" .
Todos los integrantes de la Corporación local admiten que la situación se complica y que el Concello carece de fondos para garantizar el pago de la siguiente cuota del primer préstamo de 12,5 millones, a la que habría que sumar además la devolución de un segundo préstamo de 1,1 millones. La deuda podría dispararse con los intereses pendientes, de nuevo el litigio.
Con este panorama, el Concello fue ayer incapaz de garantizar la sostenibilidad de la apertura del centro de día. El pleno aprobó con los únicos votos del Gobierno local la apertura de este demandado equipamiento, construido hace una década y aún cerrado. El acuerdo obliga al Concello a pagar 100.000 euros por los cuatro años de vigencia y Secretaría e Intervención emitieron un informe desfavorable al entender que el Concello "no puede garantizar en ese período la sustentabilidad financiera de las ayudas que pretende comprometer".
La secretaria municipal fue clara: "Quiero que quede claro que la apertura del centro de día no es un servicio esencial ni prioritario, es una decisión política y no está garantizada la sostenibilidad económica. Tenemos que hacer frente a una serie de pagos y con las medidas que se han adoptado hasta ahora no tenemos garantizado que se pueda dar cobertura a las cuotas. Las consecuencias las iremos viendo, el dinero es el que es y habrá que repartirlo", advirtió. La funcionaria recalcó que "es evidente y obvio" que "la sostenibilidad económica no está garantizada". "Con la deuda que tenemos, no tendremos esa sostenibilidad hasta que se apruebe un plan económico financiero que no sabemos si se va a aprobar y en qué condiciones", incidió.
El alcalde, Ricardo Sánchez, intervino para defender la apertura del centro de día por "responsabilidad política y social". "Hasta ahora no se ha dejado de prestar ningún servicio y mientras estemos aquí se va a asegurar el funcionamiento del centro de día", aseguró el regidor, que apeló a la necesidad de este equipamiento. Los socialistas se abstuvieron y reprocharon al Ejecutivo que no negociase con la Xunta para que asumiese el 100% de los gastos. El PP salió al paso de las críticas del PSOE y recalcó que se trata de un convenio marco para todos los concellos que no se puede modificar. La Xunta deberá ratificar ahora el acuerdo.
