La Corporación municipal de Culleredo aprobó ayer por unanimidad en pleno rescindir el contrato de gestión de las instalaciones deportivas de A Garrocha a la concesionaria, Club de Campo As Mariñas, que adeuda 326.000 euros en impagos de canon. El Gobierno local aseguró que desconoce por ahora qué indemnización deberá reclamar el Concello y cuál es la situación de las instalaciones, cuestiones planteadas por PP y BNG, grupos que criticaron la tardanza del Ejecutivo municipal en reclamar los pagos atrasados por la concesionaria y en tomar medidas, igual que apuntó Ciudadanos.

La rescisión se aprobó después de no presentarse alegaciones al expediente de extinción del contrato, iniciado con otra aprobación en pleno en septiembre. La inexistencia de alegaciones permitirá resolver la concesión sin tener que remitir el caso al Consello Consultivo y esperar su dictamen al respecto.

El BNG recordó que llevó varias iniciativas a pleno por los incumplimientos y deficiencias de A Garrocha. El portavoz nacionalista, Tono Chouciño, criticó no solo la demora del Gobierno local en iniciar la rescisión del contrato, sino también que cuando se iniciaron los impagos no reclamara el correspondiente canon por la explotación de las instalaciones y que no actuara ante el deterioro de la instalación, "patrimonio público", por lo que instó a presentar su renuncia a todo el Gobierno local. Recordó que existen sendos informes de Secretaría e Intervención que abogan por depurar responsabilidades. Solicitó, además, que se hable con los trabajadores de la instalación y se prevea qué pasará con los animales.

El alcalde, José Ramón Rioboo, replicó que el BNG estuvo en el Gobierno entre 2007 y 2013, por lo que las responsabilidades podrían alcanzarle. Aseguró, además, que desde que él es alcalde se ha comenzado a resolver la situación.

El PP recordó que llevó una iniciativa para preguntar por A Garrocha en 2014 y preguntó si el Concello ha realizado "algún tipo de inspección" y alguna estimación económica de "cuánto va a costar". El portavoz popular, Antonio Cañás, apuntó que "solo por los impagos se van a perder más de 200.000 euros", ya que el aval que se podrá ejecutar a la empresa es de 120.000 euros, lo que no cubre la deuda.

El portavoz del Gobierno local, Diego Taibo, aseguró que la cuantía exacta que podrá reclamar el Ayuntamiento y el estado de las instalaciones se concretarán en la fase de liquidación.

Aprobado el plan de obras

Las obras propuestas por el Gobierno local para financiar con los fondos del POS provincial se aprobaron con los votos del Gobierno local, Ciudadanos y Marea Veciñal y la abstención del resto.