El alcalde de Cerceda, abocado a dimitir al ser condenado por fraude y prevaricación

El juez ha condenado también al arquitecto municipal, Antonio José Varela Mallo, como cooperador necesario de un delito de prevaricación y coautor del de fraude a la administración a año y seis meses de prisión y 12 de inhabilitación. El alcalde y este técnico han sido condenados además a pagar 9.583 euros por un "drenaje inexistente" abonado por el Concello, según recoge la sentencia. El fallo no es firme.

El alcalde se aferraba ayer a media tarde al puesto, se proclama víctima de una "gran injusticia", tachaba de "ficticias" las acusaciones del juez y dejaba claro que no se planteaba dimitir, al menos, "de momento". Su decisión de seguir en el puesto choca con las estipulaciones de la Ley de Régimen Electoral, que considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública.

Distintas resoluciones de la junta electoral central ratifican la obligación de dimitir de los cargos electos condenados en sentencia, firme o no, por delitos de prevaricación o fraude como los que se imputan al alcalde. Expertos juristas consultados por este diario sostienen que la salida del regidor es obligada y apuntan a casos similares que culminaron con la dimisión a regañadientes de los condenados. Entre otros casos, el del exalcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, que en 2013 se vio obligado a renunciar a su acta de tras ser condenado por un delito de desobediencia en primera instancia.

El PSOE provincial evitó ayer aclarar si reclamará la dimisión de Liñares y su renuncia al acta de diputado. Un portavoz de la dirección provincial explicó por la mañana que estudiaban la sentencia y sus "repercusiones jurídicas" y recordó que Liñares se dio de baja del partido a raíz de su procesamiento. A última hora de la tarde, fuentes del Gobierno provincial explicaron que la asesoría jurídica emitirá un informe sobre las implicaciones del fallo, pero que las conclusiones iniciales apuntan a que sí debe dimitir.

Los socios de gobierno del PSOE en la Diputación, el BNG, se mostraron menos cautos. El grupo provincial nacionalista, que hasta ahora había evitado pronunciarse, señaló ayer la puerta de salida a su socio. "Hemos trasladado al PSOE que, dada la situación, José García Liñares no puede seguir en ningún órgano de gobierno", explicó ayer una portavoz del BNG provincial.

El BNG de Cerceda y el PP, partido que interpuso la denuncia en Fiscalía, se mostraron más contundentes. El Bloque cercedense reclamó ayer la dimisión inmediata de Liñares, al que acusan de "perjudicar gravemente" al municipio con su actitud. El PP, lanzó ayer una pregunta al presidente del PSOE provincial, Valentín González Formoso. "¿Consentirá que una persona condenada por su gestión al frente del Concello mantenga sus responsabilidades en otra?".

La sentencia complica el panorama electoral al PSOE. Socialistas consultados por este diario no ocultan en privado su estupor por un fallo que deja tocado uno de sus bastiones y que podría obligarles a buscar un nuevo candidato para Cerceda a solo cinco meses de las elecciones. Y es que la ley establece que Liñares sería "inelegible" salvo que la sentencia del juzgado se revocase antes de mayo.

¿Pero, qué dice exactamente el fallo? El magistrado José Antonio Vázquez Taín ha emitido una dura sentencia en la que no ahorra descalificativos sobre la gestión de esta obra, que fue inaugurada en vísperas de las elecciones de 2015. El juez acusa al alcalde de adjudicar de forma "totalmente irregular y arbitraria" y "sin seguir el más mínimo procedimiento legal" las obras de las lagunas naturalizadas del jardín botánico. El magistrado afirma que la intención del alcalde, en connivencia con el arquitecto municipal, era tramitar el procedimiento de contratación con posterioridad para que las obras estuviesen listas antes de las elecciones y que, al ser "sorprendidos" por un edil del PP, "decidieron cerrar la apariencia de que era necesario ejecutar de forma separada una obra de drenaje" que, supuestamente, habría encargado de palabra a la empresa SYR-AMG (empresa vinculada con la adjudicataria de los trabajos de la laguna, GR Construcciones, Obras y Servicios). El juez considera probado que estas obras previas de drenaje, por las que se desembolsaron 9.583 euros, no llegaron a ejecutarse.

En base a los testimonios de una ingeniera y de la documentación gráfica aportada durante el juicio, el juez concluye que solo se realizó un drenaje que ya estaba previsto en el proyecto de la laguna, que se adjudicó en abril de 2015 por 314.000 euros, ya empezadas las obras. El magistrado acusa al regidor de apoyarse en un informe "mendaz" del arquitecto para intentar demostrar la existencia de un drenaje previo que no se ejecutó y que "se abonó por duplicado". Afirma además que el regidor negoció con las empresas adjudicatarias, que trabajan habitualmente para el Concello, para "crear la apariencia de dos contratos distintos".

Vázquez Taín acusa al alcalde de ignorar un informe negativo de Intervención al procedimiento de contratación, dar respuestas "evasivas y absurdas" y pretender imputar las irregularidades a Secretaría "como si un ente abstracto fuese realmente quien gestiona el Concello". "Todo indica que se trataba de inaugurar las obras antes de las elecciones [...] y con tal de ejecutar la obra en el plazo deseado, decidió sacrificar el dinero por los vecinos de Cerceda", reprueba el juez.

El alcalde defendió su inocencia, acusó al juez de tener "preparada" la sentencia y de obviar las pruebas que demostraban la existencia de las obras previas de drenaje. Liñares acusó al juzgado de basarse en "hechos ficticios", obviar un informe favorable posterior del interventor, que reconoció "errores" en el juicio, y de dejarle en una situación de "indefensión total" por condenarle por unos hechos por los que no fue acusado. "Es la injusticia más grande que vi", lamentaba ayer Liñares, que afirmó que llegará "hasta el final" para defender su inocencia y que descartaba dimitir, al menos "de momento". Este diario intentó sin éxito contactar con el regidor horas más tarde para preguntarle si mantenía su negativa tras trascender las conclusiones iniciales de los juristas provinciales.