08 de enero de 2019
08.01.2019
ABEGONDO

Fiscalía pide derribar las viviendas ilegales construidas en el "pelotazo" de Abegondo

Solicita ejecutar la demolición de las casas con licencias de construcción y de reformado irregulares - Renuncia a recurrir la sentencia que condena a Rocha y absuelve a Santiso

08.01.2019 | 00:54
El alcalde de Abegondo, a la salida del juicio, en junio, entre su abogado y un exconcejal.

La Fiscalía insta a ejecutar la demolición de las decenas de viviendas construidas de modo ilegal, dentro del "pelotazo urbanístico" que denunció y por el que fueron juzgados varios políticos y técnicos del Concello de Abegondo. El Ministerio Fiscal renuncia a recurrir la sentencia al dar por bueno el fallo del juez y su lectura de los hechos probados, pero sí reclama que se derriben las construcciones que se ejecutaron dentro del proceso en que se parceló, se vendió y se construyó de modo irregular en el municipio y por el que han sido condenados e inhabilitados por prevaricación urbanística continuada el exalcalde Juan José Rocha y tres técnicos, mientras que resultó absuelto el actual alcalde, José Antonio Santiso, junto a otros cinco acusados al no poder probarse que conociesen la ilegalidad de las licencias que autorizaron conceder con sus votos en varias Juntas de Gobierno local.

La demanda de Fiscalía supondría derribar decenas de casas construidas en suelo rústico entre 2002 y 2007 con licencias que resultaron ilegales. Las viviendas afectadas se sitúan en Limiñón, Crendes y Cos.

Fiscalía había solicitado el pasado mes de septiembre una aclaración de la sentencia, emitida el pasado mes de julio, y anunció que estudiaría presentar un recurso contra el fallo, que dictó el juez José Antonio Vázquez Taín. El Ministerio Fiscal asegura ahora que renuncia a recurrir la sentencia y que acepta el fallo del magistrado, pero sí reclamará que se ejecute el derribo de las viviendas ilegales. La sentencia declaró la ilegalidad de las viviendas construidas en el proceso, pero dejó la decisión sobre su derribo o la reposición de su legalidad, "que en algunos casos ya se ha declarado", al ámbito de la jurisdicción Contenciosa.

La ilegalidad de las viviendas que Fiscalía solicita demoler radica en las licencias en virtud de las cuales fueron construidas. El Ayuntamiento autorizó una parcelación ilegal en suelo rústico y concedió después licencias para edificar en la zona, ilegales también dado que la parcelación en el terreno vulneraba la ley. Estas primeras licencias se concedieron en época de un secretario municipal hoy ya fallecido, por lo que no pudo declarar en el juicio. Los acusados aseguraron que este funcionario no emitía informes por escrito -lo cual comprometería igualmente la validez de las licencias- y alegaron que las aprobaron en Junta de Gobierno, presidida entonces por Santiso, al no tener constancia de ninguna irregularidad, puesto que, defendieron, el secretario solo llevaba a aprobación expedientes que estimaba completos y correctos. Esta ausencia de documentos o pruebas de que Santiso y otros cinco exconcejales tuvieran constancia de estar delinquiendo fue clave para su absolución.

Distinto fue el caso de las licencias de reformados emitidas después, con Juan José Rocha en la Alcaldía, cuando Santiso se había ido como conselleiro de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural. La secretaria municipal que ejerció en Abegondo entre 2004 y 2005 emitió decenas de informes, que introdujo por registro, en contra de la modificación de los proyectos iniciales, ya ilegales. Varios testigos declararon en el juicio que estas autorizaciones se emitieron cuando no se habían iniciado muchas de las construcciones y solo se habían hecho algunos movimientos de tierras, pese a que ya había vendido el plazo legal para ejecutar las construcciones, por lo que tenía que haberse declarado la caducidad de las licencias "por ministerio de ley", aseguró la exsecretaria abegondesa.

Técnicos acusados defendieron, sin embargo, que los proyectos de modificado se realizan con frecuencia para construcciones aún sin iniciar, incluso aunque impliquen un cambio de ubicación de la vivienda dentro de la parcela, siempre que no supongan un cambio en la edificabilidad. La exsecretaria rechazó este argumento. Y el juez coincidió en declarar ilegales las licencias.

Faltó en el juicio, como lamentó el juez, José Antonio Vázquez Taín, el origen del proceso. La fiscal sostuvo en la sala que tres concejales habían comprado y parcelado el monte de Limiñón en la que se creó "la urbanizacioncita", pero no los incluyó en la causa, pese a que "a través de su relación directa con los concejales acusados podía acreditarse la falta de neutralidad del Gobierno de Abegondo", señaló el magistrado. El "pelotazo urbanístico" amenaza con dejar ahora a decenas de vecinos sin sus casas.

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