El primer pleno de 2019 del Concello de Sada se celebró ayer con una adjudicación millonaria, 3,5 millones de euros. El Gobierno local, con los votos en contra del Partido Popular (el edil del PDSP y exalcalde Ramón Rodríguez Ares no asistió), votó a favor de adjudicar el servicio de ayuda en el hogar a la empresa que actualmente realiza ya este trabajo, Idade de Ouro, por 1,5 millones de euros para las anualidades de 2019 y 2020. El pleno también dio luz verde a la adjudicación a la empresa Acciona, por 1,9 millones de euros, los trabajos de limpieza viaria y de playas.
El Ayuntamiento ahora remitirá al Consello de Contas toda la documentación relacionada con estos dos contratos, porque debido a la actual Lei de Contratos do Sector Público, está obligado a hacerlo en el plazo de tres meses tras su formalización, debido a la cuantía de la que se trata. El Consello por lo tanto será el que finalmente analice estas adjudicaciones que ayer criticó el grupo municipal del Partido Popular, que votó en contra porque el Gobierno local, según afirmó el concejal Ernesto Anido, no le envió la documentación completa, como actas de valoración de las ofertas presentadas y otros informes.
En la sesión plenaria no hubo mociones de los partidos pero sí ruegos y Ernesto Anido aprovechó para rogarle al alcalde "encarecidamente" que le aportase copias de expedientes de su etapa como regidor porque los necesita por el nuevo pleito que le puso el portavoz del PDSP, Emilio Gómez, por el que tiene que ir a declarar a los juzgados de Betanzos el próximo 8 de febrero, investigado por un supuesto delito de malversación por la compra del polémico edificio del Náutico.
"Le ruego por favor que ponga al funcionario de turno a fotocopiar y compulsar la documentación de los expedientes para tenerla a tiempo para el 8 de febrero". El alcalde, Benito Portela, le replicó que ayer mismo el concejal de Urbanismo dio orden de encontrar esos expedientes, fotocopiarlos y compulsarlos.
Portela, a preguntas de la edil del PSOE María Pardo (ya fuera del Gobierno local), explicó que ya se nombró instructor en las diligencias abiertas tras la denuncia de una trabajadora de la biblioteca municipal que acusó a una compañera, el pasado mes de agosto, de haberla agredido.
