El juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral al exalcalde de Cambre, el popular Manuel Rivas, por prevaricación en la gestión del festival Brincadeira, celebrado en la capital cambresa en 2012. El auto judicial, fechado el pasado día 8 de este mes, cita también como acusados a los exconcejales del Gobierno de Rivas Santiago Ríos (Cultura) y Felipe Andreu (Régimen Interior y Contratación), y a otras cinco personas y dos entidades relacionadas con la organización del festival, que generó pérdidas que el Ayuntamiento no llegó a recuperar de las empresas. El exalcalde cambrés aseguró ayer a este diario no tener conocimiento del auto y rechazó realizar declaraciones.

Rivas y el resto de procesados serán juzgados por presunta prevaricación por aportar 240.000 euros de las arcas del Ayuntamiento a las dos empresas gestoras del festival "sin exigirles garantía alguna de la recuperación de tal suma", señaló la juez. El Concello solo llegó a recuperar 80.000 euros, detalló la juez durante la instrucción del caso.

La Audiencia Provincial juzgará el caso. Los acusados están citados para su comparecencia el próximo día 23 de este mes. La jueza requiere fianzas solidarias de 446.800 euros a los acusados "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles", dicta el auto judicial.

La Fiscalía solicita penas de cinco años y seis meses de cárcel para Rivas, los dos exediles y otros tres acusados, promotores del festival, por prevaricación administrativa, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para todo empleo o cargo público relacionado con la gestión municipal, "incluyendo expresamente los cargos de alcalde y concejal, por tiempo de ocho años". Considera a Santiago Ríos, exedil de Cultura, "cooperador necesario de la prevaricación y autor de la malversación", especifica el auto.

Para el expropietario de una de las empresas promotoras, LP 45 Producciones (hoy Benpenas), y las dos personas que la adquirieron después de la celebración del Brincadeira el Ministerio Fiscal pide penas por blanqueo de capitales -cinco años para uno y cuatro para el otro-, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 480.000 euros, el doble de la cantidad que las empresas percibieron del Concello.

Para LP 45 Producciones, a la que imputa delito de estafa y blanqueo de capitales, pide una pena de cuatro años de multa con cuota diaria de 200 euros, lo que supone unos 292.000 euros en total. Respecto a Iceberg Audiovisual SL, la otra empresa promotora, a la que considera culpable de estafa, la Fiscalía solicita la multa de 960.000 euros, el cuádruple de los 240.000 euros. Añade que "en concepto de responsabilidad civil, todos los acusados, personas físicas y jurídicas, responden solidariamente de indemnizar al Concello de Cambre en cantidad de 446.866 euros, con aplicación de intereses legales del dinero", además de las costas, reclama.

El auto judicial permite a los acusados estar en libertad provisional. Advierte de que, si los acusados no abonan los 446.800 euros requeridos en concepto de fianza solidaria, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso, "excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma" ante el Juzgado de Instrucción número 8 en el plazo de tres días.

El exregidor popular ya había sufrido el embargo de bienes en el marco del proceso judicial del caso Brincadeira. En agosto de 2016, el juzgado le precintó dos vehículos pasado casi un mes desde que rechazara su recurso contra el requerimiento de una fianza de 160.000 euros por la gestión del festival. El juzgado, además, elevó la cuantía hasta los 213.328 euros.

La juez había impuesto la fianza con apercibimiento de embargo de bienes para cubrir el déficit que dejó el festival celebrado en Cambre en 2012. El incremento de la cuantía de la fianza se dictó a petición del Ministerio Fiscal.

El juzgado citó a declarar a Rivas como investigado (figura que sustituyó a la de imputado) en enero de 2016. La Fiscalía pidió que se abriese una investigación tras apreciar un "notable desfase en el cumplimiento del convenio". El juzgado había visto indicios de delito en 2014 al investigar las cuentas a petición de la Fiscalía, ante la que había denunciado el caso Unión por Cambre (UxC), partido del actual alcalde, Óscar García Patiño. Rivas defendió entonces su inocencia.