Arropado por sus compañeros en el Gobierno local, el alcalde de Cerceda, José García Liñares, ofreció ayer una rueda de prensa en la que defendió nuevamente su inocencia y se aferró al bastón de mando pese a su condena a año y medio de prisión y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude en las obras de las lagunas del jardín botánico. Solo renunciará al acta de diputado. "Este tema afecta a Cerceda, es un asunto plenamente local que no quiero que afecte a la Diputación", argumentó.

Liñares sostuvo que dimite como diputado de Deportes por decisión propia, aunque lo cierto es que el PSOE provincial ya le había abierto la puerta al advertir de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal y, por tanto, de diputado, la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública. El BNG, socio del PSOE en el Ejecutivo provincial, incidió en lo mismo y ya advirtió hace días de que su renuncia era obligada.

El alcalde de Cerceda no hizo ninguna alusión a esta ley en su comparecencia y, a consulta de este medio, respondió con evasivas. "Lo iremos viendo", replicó y adujo que hay distintas interpretaciones de esta ley y que hay "antecedentes" de otros alcaldes que no dimitieron, como el de Palas, recientemente absuelto. "Yo también probaré mi inocencia", afirmó.

Expertos juristas, incluidos los de la Diputación, afirman que el cargo de alcalde que ostenta Liñares es incompatible con su condena y apuntan a diversas resoluciones de la junta electoral que ratifican que la condición de concejal, y por tanto de alcalde, es inconciliable con la inhabilitación, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública.

En la comarca de A Coruña hay antecedentes de dimisiones forzadas por condenas judiciales en primera instancia. La última, en 2013, fue la de Ramón Rodríguez Ares, líder del PDSP e histórico alcalde de Sada, que se vio obligado a cesar tras su condena a seis meses de inhabilitación por desobediencia. Ares también se aferró a su acta de edil, pero tuvo que renunciar finalmente tras emitir un informe Secretaría que concluía que su salida era obligada. En aquella ocasión, el PSOE fue una de las formaciones que exigió su dimisión.

Consultado por este asunto, el presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE, Valentín González Formoso, destacó que el gobierno que preside "está en el cumplimiento de la legalidad" y expresó su confianza en que Liñares mostrará su "altura de miras" y su "sentido de responsabilidad en las instituciones. Formoso aprovechó para alabar la "magnífica labor" de Liñares en la institución provincial y su valía como alcalde. "Es una referencia de gestión", sostuvo al tiempo que expresó su confianza en que su actuación en las obras del jardín botánico quede "esclarecida" con su recurso ante la Audiencia.

García Liñares se desmarcó ayer del PSOE, partido al que ha representado 23 años como alcalde. "Yo ya me di de baja en el PSOE, no le debo obediencia", recalcó el regidor, que quiso dejar claro aún así que nadie en el partido había reclamado su dimisión.

En una comparecencia de más de media hora, Liñares desgranó la sentencia que le condena por prevaricación y fraude en las obras de las lagunas del jardín botánico de 2015 y rebatió una por una sus conclusiones. "La acato y respeto, pero discrepo absolutamente", afirmó. No hubo prevaricación ni fraude, recalcó. El regidor acusó al juez José Antonio Vázquez Taín de incurrir en "errores gravísimos", como el de negar la existencia de un segundo drenaje, un extremo que, incidió, no había sido denunciado por la Fiscalía. "El drenaje está a la vista de todos", afirmó Liñares, que convocó a los medios precisamente en el jardín botánico y mostró unas zanjas que abrió tras el juicio y con las que pretende demostrar la existencia de esta obra.

García Liñares cuestionó las declaraciones en sede judicial de un perito que negó la existencia de estos trabajos y recalcó que en ningún momento se le había acusado de este extremo y que el magistrado ignoró las conclusiones de sendos informen de un geólogo y de la Guardia Civil que, afirmó, probaban que sí se habían realizado.

El regidor tampoco considera justa la pena por prevaricación y, aunque admite "errores" en la contratación de la obra, responsabiliza de los mismos al secretario municipal. Incide en que el propio funcionario admitió en el juicio su error al concluir que no era precisa la convocatoria de un concurso público. "Yo me limité a seguir el procedimiento que me marcan", recalcó Liñares, que incidió en el hecho de que, sin la condena por fraude, las irregularidades en la contratación se habrían dirimido en lo contencioso administrativo y no habrían suscitado la apertura de una causa penal.

El alcalde admite que la presentación de su candidatura a la Alcaldía dependerá de una resolución absolutoria de la Audiencia antes de mayo. Él está convencido de que los jueces le darán la razón y de que tarde o temprano "resplandecerá la verdad". "Tengo la conciencia muy tranquila", afirma este histórico regidor que atraviesa su mayor crisis política en 23 años.