La moratoria de dieciocho meses que fijó la Xunta para que los concellos se adapten a la nueva ley de bienestar aprobada el 11 de enero de 2018 entra en su recta final y el Consorcio As Mariñas analiza una propuesta de reequilibrio económico que ha presentado la concesionaria del servicio de lacería, Servigal, para garantizar el cumplimiento de esta normativa, que establece el sacrificio cero de animales abandonados.

Según ha podido saber este diario, la empresa plantea una subida del 40 al 45% del contrato, que justifica, en buena medida, por el aumento de personal que será preciso para cumplir las estipulaciones de la nueva ley. El ente supramunicipal, al que están adheridos los municipios de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, analiza la propuesta, todavía en estudio, y que podría variar sustancialmente durante las negociaciones.

El Consorcio ya advertía el pasado año de que con la nueva ley de bienestar animal resultaría preciso incrementar los fondos y apelaba a la necesidad de que Xunta y Diputación se implicasen y colaborasen económicamente. El ente supramunicipal considera que las instalaciones ofrecen un margen de espacio suficiente para dar cabida a más animales en una primera fase de adaptación, pero ve inviable atender las nuevas exigencias legales con la financiación que se aporta en la actualidad.

Su advertencia iba en la línea de la lanzada hace ya meses por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que alertó del sobrecoste que se derivará de la nueva norma autonómica.

Los municipios de la provincia alertaron también de los problemas que se derivarían de la entrada en vigor de la ley, dado que, denuncian, los ayuntamientos ya están "desbordados". El asunto fue a debate a la Diputación hasta en dos ocasiones. El pleno aprobó reclamar a la Xunta más fondos para cumplir esta ley. El Gobierno provincial considera que los fondos consignados son "insuficientes" y contrasta con los esfuerzos que la diputación hizo con la convocatoria de ayudas para refugios de animales y con el trabajo de ciertos ayuntamientos en la adopción o fomento de gestión de colonias de gatos".

Colectivos animalistas como Libera alertan desde hace meses de la necesidad de disponer de más ayudas para garantizar el cumplimiento de la nueva ley.