A solo tres meses de las elecciones, el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena el pago inmediato de los intereses a los expropiados por la urbanización Costa Miño Golf deja al Concello contra las cuerdas. El abogado de los expropiados por la urbanización de Fadesa, Jerónimo Escariz, destaca que se trata de una resolución firme que no admite recursos ni más demoras y apunta como única salida la concertación de un nuevo préstamo por parte del Concello. A consulta de este diario, el letrado se mostró sorprendido y dolido por la actitud que había adoptado el Gobierno local, al que afeó que se negase a negociar una salida "antes y después del recurso".
El Ayuntamiento desconoce aún el importe exacto de esta deuda en concepto de intereses. La cifra aproximada que manejan ambas partes ronda los ocho millones, una cuantía desorbitada para un municipio que maneja un presupuesto de seis y que ha concertado ya dos préstamos por un importe total de 14 millones. En su recurso, el Concello apelaba ya a la imposibilidad de afrontar este pago y afirmaba estar ya "asfixiado" por la deuda . Los intereses, alegaba en su escrito, "serían de imposible pago para el Ayuntamiento, que ya se encuentra en una situación de absoluta asfixia financiera derivada de las obligaciones contraídas para hacer frente al pago del justiprecio".
El Ejecutivo municipal no se ha pronunciado aún sobre la resolución judicial. El alcalde, el independiente Ricardo Sánchez, y sus socios del PP, admitían recientemente carecer de un plan que garantizase el pago de los dos préstamos concertados por un importe de 14 millones, a los que habrá que sumar ahora los intereses de demora de la expropiación, que podrían disparar la deuda hasta los 21 millones.
La ausencia de este plan por toda la vida del crédito suscitó los reproches del anterior interventor que apeló en varias ocasiones a la necesidad de aprobar una hoja de ruta a diez años vista. La actual habilitada nacional no vio obligado este plan, pero advirtió en varias ocasiones que las medidas adoptadas eran insuficientes y que la primera cuota del crédito se había pagado en buena medida con recursos coyunturales y no estructurales (remanente e ingresos extra del IBI).
La orden judicial de proceder ya al pago de los intereses complica, y mucho, el escenario al Concello. El grupo municipal del PSOE cargó ayer contra la "política de patada hacia delante" del Ejecutivo municipal. El portavoz de los socialistas, Manuel V. Faraldo, acusa al alcalde, Ricardo Sánchez y su socio, Jesús Veiga, de pretender "ocultar la verdadera situación de las cuentas del pueblo" y de "colocar a Miño en una desesperada situación económica".
