El eucalipto no es muy bonito pero en Arteixo al menos ocultaba el impacto visual del esqueleto del famoso geriátrico de Monticaño, una enorme edificación a medio hacer desde que la Xunta paralizó las obras en 2003 por ser una ilegalidad. Esta construcción, tras una tala masiva, puede observarse desde Meicende, el Quinto Pinto e incluso As Rañas en A Coruña. Es más visible que la batería militar del parque público, a escasos metros. Esta corta arbórea deja al desnudo un ejemplo de una pasada gestión urbanística y también de cómo sucesivas alegaciones, recursos, sentencias y apelaciones, logran eludir durante lustros la reposición de la legalidad. La Xunta, en 2004, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en 2010 y 2011, ordenaron la demolición de esta edificación pero será este año, 2019, cuando la Axencia de Protección da Legalidade (APLU) ejecute por fin el derribo, 16 años después de que la consellería ordenase paralizar la obra.
La APLU está ahora con la primera valoración de cuánto costará y cómo se ejecutará la demolición de esta ruina situada en la cumbre de un monte. Este organismo asegura que realizará los trabajos a lo largo de este año, después de que en 2016 dictase orden de ejecución subsidiaria porque el promotor de la residencia de mayores, la Fundación San Rosendo, incumplió la sentencia de acometer el derribo. Este incumplimiento le conllevó sucesivas multas coercitivas que en total suman 60.000 euros.
"La residencia de Monticaño abrirá en la primavera de 2004", fue el titular de prensa de septiembre de 2002 en una rueda de prensa del entonces alcalde, Manuel Pose, y el presidente de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, tras firmar un convenio para que la entidad construyese en Monticaño una residencia de 152 plazas y 20 apartamentos, presupuestada en cinco millones de euros. Toda la gestión de este proyecto fue un despropósito que confirmaron sucesivas sentencias judiciales. Diecisiete años después de que se anunciase esta residencia, Arteixo aún va a estrenar ahora residencia de mayores pública, la que financia la Fundación Amancio Ortega y que incluye centro de día. Son 62 plazas, la mitad reservadas para empadronados en el municipio. Xunta y Concello cofinanciarán la gestión.
El sacerdote Benigno Moure, presidente entonces de la Fundación San Rosendo, firmó el convenio con el regidor arteixán en 2002, cuando ya se había apropiado indebidamente de 600.000 euros de una anciana de una de las residencias de la fundación, delito por el que en 2008 fue condenado a cinco años de cárcel, que por su edad y por ser religioso, además de por recabar múltiples manifestaciones de apoyo, apenas cumplió: solo pasó dos meses en la prisión de Pereiro de Aguiar y los herederos de la mujer estafada aún estuvieron durante años reclamando la devolución de gran parte de lo apropiado.
En 2002, tras la firma entre Pose y Moure, se anunció que la residencia era privada pero se buscarían ayudas de la Diputación y del Concello. Se presentó una maqueta de un edificio de bajo y dos plantas aunque lo construido tiene bajo, tres plantas y bajo cubierta en una de sus fachadas.
Las obras comenzaron en febrero de 2003 y fue el grupo municipal del BNG, entonces liderado por Fina Vázquez, el que denunció que se construía en suelo rústico de protección forestal, primero ante la Consellería de Política Territorial y luego ante el Ministerio de Defensa. Porque los terrenos eran de titularidad estatal: Arteixo y el ministerio firmaron un convenio en 1998 por el que el Estado cedía al Concello por 50 años los terrenos de lo que un día fue una batería de costa con cañones antiaéreos, solo con la condición de que se destinasen a uso público social, cultural o deportivo.
Defensa, alertada por el Bloque, envió un escrito alertando de que hacer el geriátrico sería vulnerar el acuerdo. La consellería en noviembre de 2003 ordenó paralizar las obras al considerarlas ilegales por carecer de licencia y en 2004 ya ordenó el derribo. La propia Fiscalía del Tribunal Superior denunció al Gobierno local y a la Fundación San Rosendo porque se empezó a construir el geriátrico con una única licencia para desmonte y relleno de tierras, licencia además anulada por el juzgado en 2003. Una vez que llegó el caso a los tribunales, en 2010 el Superior ratificó la legalidad de la orden de derribo de la Xunta de 2003 y en enero de 2011 el TSXG por segunda vez (la primera fue por el recurso de San Rosendo), confirmó la demolición, esta vez tras un recurso de la empresa que inició la construcción del edificio, Alea SL.
En marzo de ese año el Superior ordenó de nuevo la demolición de la residencia. En 2012 el actual alcalde Carlos Calvelo apostaba por legalizar esta residencia con un plan especial pero al año siguiente ya anunció que prefería construir uno cerca del casco urbano (la manía generalizada de alejar lo más posible de la sociedad a los mayores).
El Gobierno de Pose intentó legalizar la situación convirtiendo la obra en pública, pero había que hacer un concurso y San Rosendo podía no ganarlo. Incluso se archivó el expediente de reposición de la legalidad. A ver si se repone en 2019.
