El servicio de atención a domicilio a mayores y dependientes en la comarca lleva años inmerso en conflictos laborales que salpican a buena parte de los municipios. Las quejas por el modo en que gestionan este servicio básico y esencial las empresas concesionarias van en aumento y han llevado a ayuntamientos como Betanzos a abrir un expediente de rescisión del contrato tras las reiteradas protestas de usuarios y trabajadoras, que han vuelto a concentrarse ante la falta de avances.

Carral, Cambre, Betanzos, A Laracha, Arteixo, Sada y A Coruña son algunos de los municipios que han estado en la diana de los sindicatos durante los últimos años por la "precarización" del servicio que, denuncian, pasa factura a la atención a mayores. Comisiones Obreras (CCOO) informó a principios de 2018 de que las concesionarias de estos siete municipios habían sido expedientadas por "incumplimientos salariales, jornadas ilegales o no existencia del descanso semanal".

A las quejas de CCOO se sumó después la Unión General de Trabajadores (UGT), que a finales del pasado año denunció la merma de las condiciones laborales en Carral, Abegondo y Betanzos. "Impagos, retrasos, despidos de auxiliares o incumplimientos de la ratio de personal" fueron algunas de las anomalías denunciadas en un escrito que las representantes sindicales remitieron a los tres concellos.

Las protestas se han extendido ahora a Miño. La Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia que la concesionaria de ayuda en el hogar, cuyo contrato venció hace casi un año, lleva aún las riendas del servicio en prórroga y lo hace "incumpliendo sistemáticamente el convenio".

Sindicatos y trabajadoras del servicio en el hogar en la comarca han criticado en múltiples ocasiones la "inacción" de los ayuntamientos. Sus quejas han sido respaldadas por la oposición.

Las protestas llevaron al Concello de Betanzos a abrir un expediente de resolución del contrato a finales del pasado noviembre por los "reiterados incumplimientos" de la concesionaria. El expediente continúa abierto.

Otros municipios como Carral, donde una empresa gestiona el servicio "sin que el Concello realizase ningún procedimiento de contratación", afirman que ultiman los trámites para regularizar la situación. Los sindicatos reclaman más supervisión a los concellos para garantizar un buen servicio.