El Concello de Sada reitera su demanda al Gobierno estatal de que "se impulsen e interpongan cuanto antes las acciones legales, administrativas y judiciales que procedan para incorporar al patrimonio público la propiedad de las Torres de Meirás y a se que actúe de acuerdo a lo indicado en la conclusión final del informe de la comisión de expertos nombrada por el Parlamento de Galicia, tal y como se acordó en el pleno de la Cámara gallega el 11 de julio de 2018". El Ejecutivo central sostiene que la asesoría jurídica del Estado trabaja en su estudio y elude fijar plazos.

El Ayuntamiento sadense incide en que "la incorporación del pazo de Meirás al patrimonio público es una demanda muy mayoritaria en la sociedad gallega y en sus fuerzas políticas". "La propiedad aún es hoy un símbolo de la dictadura franquista que practicó el espolio y la represión de un modo brutal", sostiene el alcalde sadense, Benito Portela.

El regidor, como ya había manifestado por escrito al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, entiende que "no se puede esperar más tiempo para poner fin a la vergüenza y el anacronismo histórico de que la familia del dictador siga detentando la propiedad del pazo de Meirás". Portela indica que "desde el Gobierno del Estado "se le debe dar el mismo interés político y la misma urgencia al Valle de los Caídos y al pazo de Meirás". "Concuerdo en que hay que exhumar a Franco del Valle Val de los Caídos, pero también retirar a sus herederos del pazo", defiende. El alcalde aboga por "una doble retirada, por higiene democrática y respeto a la memoria histórica".

El Ministerio de Justicia aseguró en los últimos días que la Abogacía del Estado trabaja en su análisis de la viabilidad de recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público. Elude avanzar plazos y asegura que lo notificará cuando tenga algún resultado.

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno central para el próximo 28 de abril acrecenta las posibilidades de que la legislatura concluya sin que el Ejecutivo estatal presente el informe sobre la opción más segura y viable para recuperar el pazo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Gobierno central encargó a principios del pasado mes de octubre un estudio a sus servicios jurídicos para avanzar "con todas las garantías" jurídicas para "hacer efectiva la recuperación de la memoria histórica".