La Fiscalía Provincial ve indicios de delito en la gestión del recinto municipal de A Garrocha. El fiscal ha determinado que se debe presentar escrito de denuncia y cerrar las diligencias de investigación penal tras observar indicios de posible prevaricación tras analizar el escrito presentado por el BNG y la documentación que requirió al Ayuntamiento dentro de la indagación.

El escrito del fiscal incide en que en inicio los hechos contenidos en el escrito de denuncia "sugerían la posibilidad de un delito de fraude". Sin embargo, recuerda que el Concello no actuó desde 2012 hasta 2018, pese a continuar los impagos, y señala que "lo que resulta de las actuaciones practicadas" es que "los hechos contienen un principio indiciario de constituir un delito de prevaricación". Elude concretar quiénes serían responsables del delito.

El BNG presentó un escrito ante Fiscalía el pasado mes de noviembre, en el que alertaba de las irregularidades registradas en la concesión. La empresa que gestionaba el recinto, Club de Campo As Mariñas, acumulaba deuda por impagos del canon que ya en 2012 había superado el importe depositado como garantía. La Tesorería Municipal advirtió ese año en un informe de que la concesionaria ya adeudaba 115.661 euros del canon más 10.488 euros de intereses. El Ayuntamiento entonces solo envió comunicaciones a la empresa, pero no se completó la tramitación para rescindir el contrato.

El Gobierno local impulsó el año pasado el rescate de la concesión. Tras varias preguntas en el pleno sobre el estado de la gestión de las instalaciones formuladas por el BNG, el Ejecutivo propuso en sesión plenaria el pasado mes de noviembre la rescisión de la concesión, de acuerdo a informes de los servicios técnicos municipales, que señalaban que procedía rescindir el contrato por "flagrantes incumplimientos de la adjudicataria". Un primer incumplimiento se hallaba en "la ausencia del pago del canon correspondiente según se especificaba en el contrato, firmado en 2003", detallaba el informe. Desde 2012, no figuraba ningún ingreso de la concesionaria, por lo que la deuda se elevó hasta al menos el doble: el canon anual era de 12.020 euros los cinco primeros años y se duplicaba para los posteriores. El Concello preveía ejecutar el aval y reclamar el resto del importe pendiente. Además, no funcionaban ni una piscina, ni el edificio social, ni una cafetería.

El pasado febrero, el Concello acudió a las instalaciones en la fecha fijada para la devolución, pero la empresa no se personó y el recinto "no estaba libre". El Gobierno local recurrirá a la justicia.