El contrato se formalizó en 2003, según el Gobierno local. Cuatro años después, en 2007, la empresa adjudicataria, Club de Campo As Mariñas, dejó de pagar el canon y proliferaron los avisos de deficiencias en los servicios en la instalación deportiva municipal de A Garrocha, en el Monte Costa. El Concello no rescindió el contrato hasta 2018. La Fiscalía Provincial ve ahora indicios de delito de prevaricación en la gestión del recinto y dicta que se debe presentar denuncia en el juzgado.

Situación actual. La Corporación municipal de Culleredo aprobó por unanimidad en el pleno el pasado mes de diciembre rescatar la concesión por "incumplimientos flagrantes" de la concesionaria, como advirtieron informes de los técnicos municipales. El Gobierno local anunció ayer que ya ha ejecutado el aval, que ascendía a 120.202 euros, algo más de un tercio de la deuda total, de 326.000 euros. Para recuperar las instalaciones y el resto del importe, el Ayuntamiento ha recurrido a la vía judicial después de que la empresa no se personara ni hubiera liberado el recinto en el día acordado, en febrero, afirmó el Ejecutivo municipal.

Fiscalía. La Fiscalía Provincial abrió diligencias de investigación penal a raíz de un escrito presentado por el concejal del BNG, Antón Chouciño, en el que alertaba de la situación de la instalación. El edil informó al fiscal tras preguntar en varias ocasiones en pleno por la situación de las instalaciones y las medidas previstas por el Gobierno local para atajar los pagos y las deficiencias. Fiscalía sospechó primero de la posibilidad de un fraude, aunque después de analizar la documentación observó indicios de prevaricación, por lo que ha determinado que debe presentarse denuncia judicial. El Ejecutivo se muestra a disposición de la justicia para colaborar.

Antecedentes. Los impagos del canon comenzaron en 2007, según alertó un informe de la Tesorería Municipal en 2012, cuando la deuda ascendía ya a 126.000 euros, por lo que superaba la cuantía del aval. El Ayuntamiento envió entonces comunicaciones a la empresa, pero no continuó con el procedimiento para rescindir el contrato. El PP preguntó en 2014 por el estado de las instalaciones y la concesión y el BNG planteó varias preguntas en pleno en los últimos años.

Actuación del Concello. El Gobierno local llevó a pleno el pasado mes de septiembre la propuesta de incoar el expediente para rescindir el contrato con la concesionaria. Tras no recibirse alegaciones en el periodo habilitado, la Corporación municipal aprobó por unanimidad resolver el contrato en una sesión plenaria el pasado mes de diciembre. El PP y el BNG reprocharon la demora del Ayuntamiento en actuar tras años de incumplimientos del contrato e impagos, a lo que el alcalde, José Ramón Rioboo, respondió que desde que él había llegado a la Alcaldía, se había comenzado a trabajar para resolver la situación. El edil nacionalista recordó que existen sendos informes de Secretaría e Intervención que abogaban por depurar responsabilidades e instó a presentar su renuncia a todo el Gobierno local.