A solo dos meses de la cita con las urnas, el alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, ha convocado a los representantes legales de los expropiados de Fadesa para negociar el pago de los intereses pendientes, que podrían superar los ocho millones de euros, una cuantía inasumible para un Concello que maneja un presupuesto de seis y que está atado por dos préstamos que suman 15 millones para pagar la deuda principal contraída con los afectados.

A pesar de que los cargos por demora ya habían sido reconocidos por sentencia, el Gobierno local se negó a asumir esa deuda e instó a los afectados a recurrir nuevamente a los juzgados para exigir su cobro. El Tribunal Superior de Xustiza dio este año un nuevo un nuevo varapalo al Ayuntamiento y no solo reconoció el derecho de los afectados a cobrar los intereses, sino que instó al Concello a proceder al pago en un plazo de quince días. Los jueces advierten al Concello de que, de incumplir el plazo de 15 días, "podría deducirse el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder".

Han trascurrido casi dos meses de la emisión de las primeras sentencias que dan la razón a los afectados y el Ejecutivo ha convocado a los representantes legales para hacerles una propuesta. Según ha podido saber este diario, el Gobierno local pidió inicialmente aplazar cuatro años el pago de los intereses y, después, se prestó a pagar ahora el 30% y posponer cuatro años el 70% restante. El alcalde trasmitió ya su oferta al abogado que representa al 60% de los expropiados y tiene previsto reunirse el lunes con el otro letrado para trasladarle la petición. Antes de dar una respuesta, los abogados deberán reunirse con sus representados para recabar su opinión.

El acuerdo se avecina complicado. Los expropiados por la macrourbanización Costa Miño Golf han tenido que aguardar casi dos decenios para cobrar por los terrenos expropiados y llevan desde 2001 enfrentados al Concello en el juzgado. La relación con el Ejecutivo municipal no ha mejorado con el actual alcalde, Ricardo Sánchez. Los representantes legales de los afectados lamentaban recientemente que el Ejecutivo no se hubiese sentado a negociar el pago de los intereses "ni antes ni después" del último recurso.