El Gobierno local de Miño celebró ayer la segunda y última reunión con los representantes legales de los expropiados por la urbanización de Martinsa-Fadesa. Los encuentros para negociar los plazos para el pago de los intereses reconocidos por sentencia, que podrían rondar los ocho millones de euros, se zanjaron sin acuerdo.
El Ejecutivo municipal ha pedido a los expropiados una moratoria de los pagos hasta 2024 y solo se muestra dispuesto a analizar el pago anticipado del 30% de la deuda, aunque ya avanza que ve poco viable esta posibilidad por la delicada situación económica del Concello.
A consulta de este diario, el abogado Jerónimo Escariz, manifestó sus dudas de que sus clientes acepten la propuesta. "No creo que se muestren receptivos en estas condiciones", sostuvo el letrado, que cree que lo más probable es que sean los tribunales los que tengan la última palabra.
El Tribunal Superior de Xustiza ha dado la razón a los expropiados y dio orden al Concello de proceder al pago de los intereses en15 días. El Gobierno local ha quedado en enviar en dos o tres semanas una propuesta por los expropiados. Si no convence, el caso se decidirá en el proceso de ejecución de sentencia.
