El juicio contra el exalcalde y candidato por el PP de Sada, Ernesto Anido, y la excoordinadora general, Belia Vellón, quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía mantiene la petición de nueve años de inhabilitación para los dos acusados al considerar probado que incurrieron en un delito de prevaricación al diseñar un procedimiento ad hoc para crear este puesto directivo con un sueldo 70.000 euros y adjudicársela a la acusadaprevaricación ad hoc. Las defensas piden la libre absolución de ambos, defienden la transparencia del proceso, concluyen que la acusación no ha conseguido probar el amaño y afirman que se trata de una denuncia con "tintes políticos".

Como era previsible, el juicio se saldó con pocas evidencias compartidas. Acusación y defensas admiten que Ernesto Anido y Belia Vellón se conocían, que fue ella quien redactó las bases del proceso selectivo y que sugirió a alguna de las personas que formaron parte del tribunal. Ambas partes dan también veracidad a los correos electrónicos con instrucciones para que "la cosa no cante mucho", "ir pensando en personas de confianza" para el tribunal y en los que apelaban al hecho de que "este tipo de plazas, casi todo el mundo sabe que tienen nombre" (finalmente solo la acusada se presentó al puesto).

Para la fiscal y la acusación particular (el edil del PDSP, Emilio Gómez) este intercambio de correos es una evidencia "grosera" y "clamorosa" de que la plaza tenía nombre desde el mismo momento de su creación y de que todo el procedimiento fue diseñado de común acuerdo para lograr la contratación de la acusada.

La Fiscalía resta importancia al hecho de que hubiese sido el exsecretario particular de Anido, cesado en 2014, el que hubiese facilitado los correos al denunciante, Emilio Gómez, y considera intranscendente que se tratase de una vendetta política: " Puede que lo atravesase un rayo de conciencia o pudo tener encogido el corazón de rabia y venganza, da igual, los correos muestran cómo ella diseñó todo el procedimiento", defendió ante los jueces de la Audiencia Provincial. La representante del Ministerio Público apeló al hecho de que el alcalde ignoró los informes desfavorables de Intervención y Secretaria a la modificación del reglamento orgánico, la RPT por incumplir las restricciones a la contratación de nuevo personal y por recoger la creación de un órgano directivo "manifiestamente ilegal", en palabras del secretario, en un concello de pequeña población como Sada.

La fiscal incidió en el hecho de que el secretario municipal ratificó en el juicio que había advertido de palabra a Anido antes de emitir el informe. Fiscalía acusa al exregidor de pedir entonces un dictamen ad hoc al secretario en funciones, un técnico de Administración Xeral que emitió un informe favorable "el mismo día en que el secretario titular envió su informe radicalmente contrario". La fiscal denunció también que los dos acusados "eliminaron toda referencia a su carácter funcionarial" para abrir la plaza a personal laboral fijo y que pudiera optar Belia Vellón, trabajadora en el Concello de Culleredo. La fiscal también restó valor al informe posterior al nombramiento de la Dirección Xeral de Administración local que avalaba la creación del puesto directivo, que calificó de "brindis al sol".

La acusación particular fue más allá. Pidió elevar la pena a diez años por prevaricación continuada e imputar tráfico de influencias a la excoordinadora. El abogado de Emilio Gómez alegó que los correos prueban una "maniobra diseñada de forma burda" para amañar un puesto "a espaldas de los funcionarios" e ignorando los informes desfavorables de los habilitados encargados de velar por la legalidad y la contabilidad municipal. La acusación incidió en que el exsecretario particular de Anido testificó que ya en la primavera de 2012 el por entonces alcalde le pidió que concertase una cita en un sitio "discreto" con Belia Vellón y que le confesó ya entonces que sería la coordinadora y que era "amiga" del expresidente del PP provincial y exalcalde de A Coruña, Carlos Negreira. El edil Emilio Gómez, cesado en 2013 por Anido, declaró también ayer que el exalcalde le confesó que tenía un compromiso con "el jefe" de dar esa plaza a Belia Vellón.

Las defensas de Anido y Vellón defendieron la legalidad y transparencia del proceso. El abogado del exalcalde incidió en que ni el fiscal ni la acusación particular habían probado el delito e incidieron en que en una causa penal la prevaricación debe ser "patente", "grosera", "flagrante" y "clamorosa". Destacaron que la acusación no detalló qué normas había infringido Vellón por redactar las bases que, recalcó, eran "abiertas" y "amplias", que ponían como requisito una licenciatura en Derecho y que no estaban "dirigidas". Los dos abogados de la defensa alegaron que fue un comité técnico el que resolvió el proceso basado en los "principios de mérito y capacidad" y que sus integrantes negaron presiones en el juicio.

Ambos letrados defendieron que fue un proceso "totalmente transparente", cuya convocatoria fue publicada en BOP y DOG y restaron importancia a los correos que intercambiaron los acusados porque "no aportaban nada". Tampoco dieron credibilidad al exsecretario particular de Anido y Emilio Gómez por su manifiesta enemistad con el exalcalde.

Los dos abogados de la defensa apelaron al hecho de que había "informes contradictorios" (por los del secretario titular y accidental), y destacaron que la Dirección Xeral de Administración Local había avalado con posterioridad la creación del puesto. Apelaron a la existencia de un "vacío legal" sobre los órganos directivos y su encaje en los ayuntamientos y argumentaron que esa falta de regulación "no significaba que estuviese prohibido". El abogado de Anido incidió en que el ya exalcalde no había emitido una resolución injusta a sabiendas y que lo que hizo fue elevar a pleno una propuesta que se aprobó con los votos del edil del PDSP que ahora denuncia y que si pidió asesoramiento a Vellón fue por falta de colaboración de la plantilla y porque esta no decidió hasta el final optar al puesto. Anido y Vellón defendieron su inocencia y la excoordinadora se mostró dolida porque se pusiese "en cuestión su trabajo".