El Concello de Culleredo prevé contratar una auditoría externa a petición de Intervención para reforzar a este departamento municipal en el análisis de ciertos servicios y gestiones. El Gobierno local afirma que atenderá la petición, formulada por la interventora en un informe del pasado mes de junio del que se hizo eco en el último pleno Alternativa dos Veciños. La concejal no adscrita demandará en la sesión plenaria de mañana que se contrate una auditoría pública de los servicios de gestión externa.

"Teniendo en cuenta la insuficiencia de medios personales disponibles", señaló la interventora, "procede la contratación de auditorías externas". La habilitada nacional aconseja en el informe contratar una asesoría para analizar la gestión sobre "beneficiarios de subvenciones financiadas con cargo a los presupuestos generales" y "gestión indirecta de servicios públicos". El Gobierno local sostiene que esta demanda se debe a que la normativa actual exige ciertas auditorías que el personal disponible en Intervención no puede asumir por su elevada carga de trabajo.

En el último pleno, grupos de la oposición reprocharon al Ejecutivo que no hubiera atendido esta petición, que vieron "inaudita". El Gobierno local defendió ya entonces que, lejos de responder a indicios de irregularidades, la petición de la funcionaria se debía a que el Concello no cuenta con medios suficientes para todo el trabajo que los ayuntamientos tienen obligación de abordar.

La edil no adscrita, Verónica Ribadulla „exconcejal por Marea Veciñal de Culleredo„, lleva a pleno mañana una moción para exigir una auditoría pública de los servicios gestionados de forma indirecta por el Ayuntamiento. Deberá ratificarse la inclusión en pleno de la iniciativa.

En la sesión de mañana, el BNG demandará que se incoe un expediente de depuración de responsabilidades sobre la gestión de A Garrocha. El Gobierno local replica que ya está en manos de la justicia „tras llevarlo el BNG a la Fiscalía, que ve indicios de prevaricación„. Exigirá también contestar a las alegaciones al PXOM ya rechazadas. El Ejecutivo replica que no se puede contestar hasta concluir el documento, pendiente de que los técnicos resuelvan sus discrepancias.