En los municipios del rural, colocar un hito puede llevar años y dar pie a pleitos interminables. En el concello de Aranga, establecer los límites entre el monte municipal O Reventón y un terreno privado denominado Os Monteses suma 12 años de pleitos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de dictar una sentencia en la que ordena al Ayuntamiento a realizar ya el amojonamiento conforme a un informe pericial suscrito por ambas partes en 2012 y todavía pendiente de ejecución.
No se trata de un caso aislado. El fallo ilustra las trabas burocráticas que demoran la fijación de fronteras. Los hechos que dieron pie a este largo proceso judicial en Aranga se remontan a 2006, año en el que los titulares de las fincas interpusieron un recurso contencioso contra la inactividad del Ayuntamiento con respecto a su solicitud de deslinde y contra el acuerdo del pleno que, un año después, desestimó su petición.
El juzgado dictó una sentencia en el año 2010 que estimaba la demanda interpuesta por los propietarios y declaraba no conformes a derecho las resoluciones administrativas y condenaba al Ayuntamiento de Aranga tramitar el oportuno procedimiento de deslinde.
Tras el fallo, ambas partes mantuvieron los pertinente contactos para ejecutar la sentencia. Los peritos de los demandantes y demandados realizaron un informe conjunto en 2012 en el que se comprometían a ubicar los mojones sobre el terreno "en el momento que el estado físico de las propiedades lo permita y una de las partes lo requiera".
La emisión de este informe conjunto parecía marcar punto y final en el proceso, pero no fue así. El juzgado acordó en 2012 archivar la solicitud de ejecución y ninguna de las partes recurrió. Pese a que no hubo recursos tampoco a la diligencia que un año después declaraba la firmeza del archivo, el caso volvió a los juzgados cuatro años después.
En 2017, los titulares reclamaron vía judicial que se estableciese el modo de llevar a efecto el deslinde y que se anulase una resolución del Ayuntamiento de Aranga de ese año que rechazaba la petición de realizar cambios en el deslinde. La petición fue rechazada inicialmente en el juzgado, que desestimó el recurso al considerarlo extemporáneo.
El TSXG ha estimado ahora parcialmente la demanda contra el último auto judicial e insta al Ayuntamiento a proceder a realizar el amojonamiento en los términos que establecía el informe pericial de 2012. La sentencia aún puede recurrirse.
