El Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de A Coruña celebrará mañana un pleno decisivo para avanzar en el cambio de modelo de emergencias. Salvo sorpresa, la sesión permitirá sentar finalmente las bases para la gestión directa de los diez parques comarcales de la provincia y cumplir así una antigua demanda de los efectivos contraincendios, que alertan desde hace años del riesgo de dejar en manos de empresas este servicio básico y esencial.
Los representantes del consorcio provincial, organismo formado a partes iguales por Xunta y Diputación, debatirán el viernes el procedimiento a seguir para la gestión del servicio de prevención y extinción de incendios de la forma "más sostenible y eficiente", según recoge la convocatoria. Desde la institución provincial explican que este pleno permitirá dar un "paso ya en firme" hacia la gestión directa, aunque el cambio de modelo "no será inmediato", matizan. Fuentes de la negociación avanzaron ayer a este diario que el acuerdo pasa por dar luz verde al rescate de los parques comarcales, pero aplazando su puesta en marcha hasta el 1 de enero de 2020 para cerrar los flecos pendientes.
Según ha podido saber este diario, la comisión jurídica ha avalado ya el cambio de modelo y la gerencia del consorcio dispone de un informe que avala que la gestión pública no solo es viable, sino que permitiría ahorrar costes. Este diario intentó ayer sin éxito conocer la postura de la Xunta, aunque todo apunta a que apoyará el cambio, dado que pese a las reticencias iniciales se abrió finalmente a autorizar la gestión directa siempre y cuando no tuviese que asumir un incremento de los costes y no pusiese en riesgo los puestos de trabajo.
El acuerdo llega además después de que la Xunta y la Diputación de Lugo diesen luz verde el pasado febrero a la gestión directa de los parques comarcales de la provincia lucense, por lo que todo apunta a que el Gobierno gallego mantendrá el mismo criterio. En el caso de Lugo, la medida suponía la subrogación de los 117 profesionales que prestan servicio en los parques de Barreiros, Viveiro, Vilalba, Chantada, Sarria y Monforte y entrará en vigor el 1 de mayo, coincidiendo con el fin de las concesiones.
El acuerdo en A Coruña se ha hecho de rogar. La implantación de un modelo público de emergencias, sin empresa interpuesta, fue uno de los principales objetivos del Gobierno provincial (PSOE-BNG). La apuesta no es nueva. El Gobierno bipartito de la Xunta ya había prometido en 2007 un cambio de modelo: "La gestión indirecta se va a terminar ya, erradicaremos la privatización en los nuevos parques y a medida que venzan las adjudicaciones los iremos recuperando", prometía entonces un cargo de Presidencia. Todo apuntaba a que sería A Coruña la punta de lanza de un cambio de modelo. La gestión de los parques comarcales de la provincia lleva años en precario, por lo que no era preciso aguardar a que finalizase la concesión como en otras provincias.
En enero de 2016, Xunta y las cuatro diputaciones mantuvieron una reunión para analizar la viabilidad de la gestión directa. El Gobierno gallego dio un plazo de "mes y medio" a los gobiernos provinciales partidarios de un cambio de modelo para que aportasen los informes que demostrasen que este no supondría un aumento de los costes y que está garantizado el tránsito de los efectivos actuales.
En marzo de ese mismo año 2016, la Diputación concluyó un informe preliminar que apuntaba a un posible ahorro con la gestión directa de los parques comarcales de bomberos. El Ejecutivo provincial advirtió entonces que se trataba solo de un borrador y que no entraba en el detalle de los gastos que se derivarían del tránsito de los efectivos a la Administración y el posible incremento de los salarios y plantilla para homogeneizar las condiciones laborales.
La inclusión de una ley en los presupuestos generales de 2017 que ponía trabas a la remunicipalización de servicios externalizados se erigió como un escollo para el rescate del servicio. El pleno aprobó una moción de Marea Atlántica y Compostela Aberta en abril de ese año para exigir la retirada de una norma que "pondría en serias dificultades la recuperación del servicio".
Durante los últimos meses, los avances trascendieron a cuentagotas y siempre con llamadas a la prudencia por parte del Ejecutivo provincial, que mantuvo su compromiso con el cambio, pero apelando a la complejidad del proceso. El último gran avance se produjo en abril de 2018, con la creación de una comisión que se encargará de redactar la memoria que avale la viabilidad de la gestión directa. El paso decisivo llegará prácticamente en campaña.
