Expropiados por la urbanización Costa Miño Golf han acordado en una asamblea exigir en el juzgado la ejecución de la sentencia firme que insta al Concello a proceder de forma inmediata al pago de los intereses adeudados, que podrían superar los nueve millones. Los afectados por este macroproyecto urbanístico han rechazado la petición del Gobierno local de demorar los primeros pagos hasta 2024 por la delicada situación económica del Consistorio, que está atado ya por dos préstamos que suman más de 14 millones para pagar la deuda principal.
El Tribunal Superior de Xustiza rechazó el recurso del Concello y a principios de este año emitió los primeros autos para ordenar el pago de los intereses a los expropiados en 15 días. Los jueces advertían al Gobierno local que, de incumplir el plazo, "podría deducirse el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder".
La negativa de los expropiados a aceptar una nueva moratoria llega tras un progresivo deterioro de la relación con el Ejecutivo municipal. El alcalde, Ricardo Sánchez, anunció al inicio del mandato su intención de sentarse a negociar un cronograma de pagos y una posible quita que evitase la quiebra de este Concello, que maneja un presupuesto de seis millones y que se enfrenta a una deuda que podría rondar los 25 por las irregularidades en la gestión de este macroproyecto urbanístico.
Los vaivenes en el Concello a la hora de hacer frente a los pagos de esta expropiación de 2004 y las críticas del Ejecutivo sobre el elevado precio de las fincas tensaron la relación con los expropiados, que lamentan que el Gobierno municipal no les convocase a ninguna reunión finalmente para acercar posturas ni antes ni después de presentar el recurso para intentar evitar el pago de los intereses.
El mandato encara su recta final y el Concello sigue sin una hoja de ruta para hacer frente a la millonaria deuda. El Estado no ha atendido la petición del Ejecutivo municipal de condonar la deuda o ampliar de 10 a 30 años el plazo de devolución, aunque en la nueva convocatoria para los más de mil ayuntamientos atados a créditos para el pago de sentencias, el Gobierno se abre a permitir una ampliación hasta 20 años de los créditos ya otorgados siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. A consulta del PSOE, la interventora aclaró que aún no hay una resolución estatal que amplíe el plazo.
