Una de las urbanizaciones que más cuesta desarrollar en Oleiros es el sector urbanizable SUD-7 de A Pezoca. Los primeros convenios urbanísticos con los propietarios se remontan a 1997 y aún están ahora con el proyecto de compensación, después de pasar por todo tipo de vicisitudes. El alcalde acaba de emitir una resolución en la que da por válida toda la última documentación presentada por los propietarios en el proyecto de compensación, después de que el año pasado ordenase corregir hasta 16 deficiencias, entre ellas falta de datos, fichas, errores en las cuentas o gastos. El desarrollo de este ámbito prevé ejecutar 214 viviendas (en nueve edificios de bajo y tres plantas, uno de ellos con pisos de protección pública) entre el colegio A Rabadeira, el instituto Miraflores, la piscina y el centro de salud de A Covada.
La tramitación de esta urbanización comenzó con un convenio urbanístico en 1997 entre el Concello y propietarios de terrenos para que cediesen anticipadamente parcelas para el colegio de A Rabadeira a cambio de reservarles edificabilidad. Después se firmaron más convenios en 2001 y 2005 para ampliar el recinto educativo y para construir el centro de salud.
El alcalde, una vez ejecutadas estas dotaciones, requirió a los propietarios para que construyesen la urbanización hasta en dos ocasiones y con advertencia por la demora de varios años. Hubo que realizar un expediente de expropiación forzosa para incorporar a tres propietarios (inicialmente eran cinco) que no habían entrado en la junta de compensación y después otro expediente de ocupación directa contra la Xunta.
La Administración gallega era titular, tras expropiar para ejecutar la circunvalación de la vía ártabra, de unos terrenos que atraviesan este ámbito del SUD-7. Con la ocupación directa se incorporaron al proyecto de compensación los 1.535 metros cuadrados de la Xunta, nueve parcelas, por lo que el Gobierno gallego tiene derecho a edificabilidad en esta zona.
También hubo que garantizar el derecho de realojo y retorno de los dueños de dos casas que hay que derribar al ser incompatibles con lo que se va a construir. En este caso se identificaron varias viviendas cercanas, en venta o alquiler, que están vacantes.
La junta de compensación presentó el año pasado el proyecto de compensación pero los servicios urbanísticos detectaron hasta 16 deficiencias que tuvieron que subsanar los titulares. Las corrigieron, pero el Concello aún halló otro problema: sobre las parcelas cedidas en su día al Ayuntamiento para las dotaciones públicas no se hizo un procedimiento de exceso de cabida y el registro denegó la inscripción de las escrituras de cesión anticipada (a más cabida, más edificabilidad a los titulares).
Para solventar el problema el Ejecutivo resolvió hacer un acta notarial justificativa de las superficies y el tracto, liberando explícitamente al Concello y al registro de cualquier responsabilidad patrimonial y dejando en manos del propio registro dar por válido el proyecto de compensación que se apruebe y la inscripción de las parcelas adjudicadas.
