El pleno de Betanzos aprobó ayer con los votos en contra del Gobierno local abrir expediente para resolver el contrato de ayuda en el hogar y solicitar informe al Consello Consultivo. PP, Betanzos Novo, BNG y Betanzos en Común forzaron un pleno extraordinario para exigir medidas ante las quejas de trabajadoras y usuarios y después de que el Concello abriese un expediente de resolución del contrato que no llegó a concluir.

La oposición exigía inicialmente dar un plazo improrrogable de diez días a la concesionaria para subsanar todas las deficiencias detectadas por los servicios técnicos municipales y, en caso contrario, proceder a la intervención del servicio. A la vista de los informes desfavorables de Secretaría e Intervención, los cuatro grupos acordaron modificar su propuesta y reclamar que se reinicie el expediente de resolución del contrato previo informe del Consultivo.

Fue una tensión larga y por momentos tensa. Las trabajadoras tomaron la palabra para defender dos posturas diametralmente opuestas. La portavoz del grupo más numeroso del público solicitó que se mantenga el contrato y negó irregularidades y otra representante de las empleadas pidió su resolución en base a incumplimientos en materia laboral y de servicio.

El Gobierno local cuestionó la reclamación de los grupos y apeló al informe de la funcionaria encargada de supervisar el servicio que concluye que "finalizó una etapa crítica" y que ayuda en el hogar "vuelve a tener una estabilidad". Según ese informe, un 85% de los usuarios "están satisfechos con el servicio y coinciden en que está estabilizado".

Los grupos de la oposición cuestionaron los argumentos del Ejecutivo y los informes que avalan la gestión de la concesionaria y apelaron a las quejas e irregularidades detectadas en los últimos meses y que dieron pie al Concello a abrir un expediente de resolución del contrato.

El contrato de ayuda en el hogar finaliza el próximo mes de septiembre y es más que probable que el mandato finalice sin cambios en la concesión dado que el Concello debe aguardar aún por una resolución del Consello Consultivo. La legislatura llega a su recta final y todo apunta a que será el próximo Gobierno municipal el que adopte la decisión definitiva sobre este servicio básico de atención a dependientes que lleva dos años en entredicho.