Afectados por el trazado proyectado por la Xunta para enlazar la vía ártabra desde la carretera Nacional-VI, donde termina en la actualidad, con la autopista AP-9, en A Gándara „contra el entronque votado por el Concello de Cambre en 2006 y defendido por el Gobierno local en la actualidad, en Cuatro Caminos„ llevan las "irregularidades" detectadas en el proyecto y su tramitación a la Valedora do Pobo, el Defensor del Pueblo y la Unión Europea, que aporta fondos para la infraestructura. Advierten, además, de que denunciarán por prevaricación ambiental a los responsables del proyecto si se ejecuta, ya que dañará a un humedal protegido y se ha impulsado, aseguran, sin los correspondientes estudios de impacto ambiental.
La Asociación de Afectados por las Infraestructuras de Cambre asegura que intenta "evitar el daño". Para ello, ha puesto las "irregularidades" halladas en conocimiento de la Valedora do Pobo, que ya ha admitido a trámite su denuncia; y del Defensor del Pueblo, que todavía no ha contestado a su escrito, y tramitan la denuncia ante la UE, "que es especialmente exigente en temas medioambientales y que financia la obra", explica el secretario de la entidad, Javier Rodríguez.
"Es una locura. Pretenden iniciar las expropiaciones y la primera fase de la obra sin tener la autorización del Ministerio de Fomento para la segunda fase, la que conectaría con la AP-9", apunta Rodríguez. Añade que la expropiación de terrenos para una obra que podría no completarse entraña posibles perjuicios añadidos para los expropiados. "En Cambre está en redacción el Plan Xeral de Ordenación Municipal y, si en este documento se recalifican algunas fincas de modo que se incremente su valor, podría ocurrir que expropiados que después quisiesen recuperar sus fincas si no se ejecuta la infraestructura tuvieran que pagar más de lo que habían percibido por la expropiación, de acuerdo a la revalorización con la entrada en vigor del plan general", detalla.
"Explicamos la situación en la asamblea informativa celebrada este martes en el Concello y había gente que no se creía que se pretende empezar a expropiar y a ejecutar la obra sin tener autorización de Fomento", cuenta Rodríguez. Asegura que entre los asistentes figuraba un vecino que aseguró que tenía un interesado en comprar una finca suya que ahora, tras anunciar la Xunta que preveía construir el enlace, ya no quiere comprar.
Los afectados por el trazado aseguran que confían en poder paralizar la ejecución del enlace de la ártabra y la AP-9 por A Gándara. "Esperamos evitar el daño y que no se obcequen en hacer las cosas con esta falta de atención a la ley. Se habla de canalizar un río 300 metros, eso mata todo lo que hay, afecta a especies protegidas", apunta el representante vecinal. "Si va adelante, ya no se podrá recuperar el humedal, ya no habrá solución, pero los responsables serán perseguidos", advierte el secretario de la asociación. Asegura que "no tiene sentido denunciar algo que no ha ocurrido", pero garantiza que, si la infraestructura se ejecuta tal y como está prevista, la entidad pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía. Rodríguez apunta que "el director xeral de Minas de la Xunta declara mañana [por hoy] como investigado „figura equivalente a la de imputado„ por un posible delito de prevaricación ambiental por la mina de San Finx, en la que no se hicieron estudios ambientales".
