Los que acudieron a votar a las mesas electorales en la provincia de A Coruña en las pasadas elecciones generales metieron en la urna un sobre procedente de Madrid con papeletas fabricadas en Santiago (al Congreso) y en Poio (al Senado). Las papeletas de las generales es asunto de la Delegación del Gobierno mientras que para las municipales son los propios concellos los que tienen que conseguirlas. En el área metropolitana de A Coruña solo el municipio de Culleredo ha dado publicidad al contrato menor para adquirir 135.000 papeletas para las siete candidaturas que se presentan, por un importe de 1.176 euros con IVA, a 0,0087 euros la papeleta (cien salen a 0,87 céntimos).

Del suministro de sobres, para todos los comicios, se encarga la Dirección General de Política Interior. Sacó un contrato genérico para el 28A por 1,4 millones de euros para toda España y para las municipales, otro por casi 1 millón, adjudicado a la Industria Internacional del Sobre con sede en Madrid.

En cuanto a las papeletas para las Generales y las Europeas, es la Delegación del Gobierno en Galicia la que se encarga. Para el Congreso, en el caso de la provincia coruñesa, adjudicó el contrato a Tórculo de Santiago por 61. 245 euros (cien papeletas, por 0,58 céntimos) y para el Senado a Anduriña de Poio por 20.231 euros (casi un euro por papeleta).

Estos dos contratos de la Delegación del Gobierno se hicieron por procedimiento negociado sin publicidad acelerado, un trámite poco usual. La adjudicataria de la impresión de las papeletas debe entregarlas en un almacén de la Delegación del Gobierno en el polígono de Pocomaco y las del voto por correo, en la Delegación del Censo Electoral.

Para el suministro de papeletas para el Parlamento Europeo el contrato fue para toda Galicia, correspondiendo 132.707 euros a la provincia coruñesa, suministradas por Giménez Godoy de Murcia.

La Delegación también se encarga de suministrar las actas de sesión y escrutinio y la lista numerada de votantes: para las Europeas y municipales del día 26 adjudicó el contrato, abierto, a la empresa de Pontevedra Jadfel por unos 20.000 euros.

Todo lo que supone el proceso electoral implica muchos contratos de suministro y de varias administraciones. Además de sobres y papeletas hacen falta impresos de actas, manuales para los integrantes de la mesa, urnas (cuestan unos 17 euros cada una) y cabinas de voto (unos 117 euros), entre otros.