La Terraza de Sada lleva casi un año en precario. Este quiosco modernista, que funciona como cafetería restaurante, lleva desde julio del pasado año pendiente de que la Demarcación de Costas resuelva la petición de una prórroga de la concesión presentada por los propietarios.
La petición de una prórroga de la concesión no es la única demanda que concierne a La Terraza que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar mantiene sin respuesta. Como ya informó este diario, el Concello de Sada se opuso a la petición de una moratoria y, durante el trámite de audiencia, alegó que la Ley de Costas establece en su artículo 81 que, una vez vencido el plazo de la concesión, es improrrogable.
El Ayuntamiento adujo además que la moratoria resultaría incompatible con la calificación que el plan general otorga a La Terraza de sistema general de equipamiento público y uso socio-cultural y con la resolución de Bien de Interés Cultural.
El mandato municipal llega a su fin y todo apunta a que La Terraza de Sada ocupará un lugar destacado en los programas de los ocho partidos. Sadamaioría abrió ayer la ronda de propuestas. La formación que ostenta la Alcaldía expresó ayer su confianza en que Costas dará una respuesta favorable a la extinción de la concesión otorgada en julio de 1922 por la "improcedencia legal" de la prórroga. En el supuesto de que el organismo estatal declare la caducidad y extinción de la concesión, Sadamaioría avanza que, de continuar en el gobierno, negociará la cesión de La Terraza al Concello para destinarlo a equipamiento dotacional público cultural, conforme a la calificación otorgada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Desde Sadamaioría inciden en que la cesión permitiría ejecutar las obras necesarias y urgentes de conservación y mantenimiento de La Terraza y precisa que sería posible compaginar esta opción con el uso hostelero en la planta baja.
Este edificio modernista está en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural. La Xunta abrió expediente en febrero de 2018 y dispone de un plazo máximo de dos años para resolverlo. Sadamaioría reclamó ayer celeridad al Gobierno gallego en la tramitación del expediente.
