La Xunta ha aprobado la urgente ocupación de los terrenos afectados por la construcción de dos sendas peatonales y ciclistas en Sada, la de la AC-163 en Fontán y la del tramo Mandín-As Torres, en la AC-182. Como ya informó este diario, la actuación dispone de un presupuesto de 470.000 euros, que incluye el pago de dos fincas, dado que las otras diez parcelas precisas de Fontán fueron cedidas por los propietarios.

En la carretera AC-163 está prevista la construcción de una senda que discurrirá por Fontán, desde el punto en el que finaliza la actual acera a la intersección con la carretera provincial DP-7506. La senda tendrá más de medio kilómetro de longitud y se ejecutará por la margen izquierda, salvo un pequeño tramo por la derecha.

El segundo itinerario se ejecutará en la carretera AC-182. La intervención comenzará en Soñeiro, en el límite entre Sada y Oleiros. y finalizará en As Torres. La nueva senda, que ya cuenta con algunos tramos de aceras tendrá una longitud de 340 metros. El itinerario, en la margen derecha, contará con dos metros de ancho y discurrirá por zonas de dominio público.

Denuncia por un relleno

La construcción de otra senda La Sociedade Galega de Historia Natural ha presentado sendos escritos en el Concello de Sada y la Diputación para reclamar la paralización de los trabajos de construcción de una senda peatonal en la AC-163 desde la escuela de Carnoedo hasta la DP-7504 por la realización de un vertido con restos de material de obra por parte de la empresa concesionaria.

El colectivo ecologista afirma en su escrito que la empresa concesionaria ha vertido restos de material de construcción en una parcela ubicada frente a la escuela que está apisonando con maquinaria pesada y que aprovecha el relleno "para incorporar neumáticos, tubos de plástico y residuos de hormigón".

La asociación, que adjunta varias imágenes del vertido, destaca la gravedad de este vertido en una parcela rural ubicada a cuarenta metros de un río que desemboca en As Brañas. Denuncia que en el proyecto de obra no consta un relleno de este tipo ni los permisos de la autoridad competente. Recuerda que la adjudicataria está obligada por ley a gestionar los restos de obras y gestionarlos por parte de una empresa especializada.

A consulta de este diario, el Gobierno local en funciones sostuvo que no tiene constancia de ningún vertido ilegal de restos de obra y recalcó que el contrato incluye la gestión de los residuos.

El Ejecutivo municipal, que recibió ayer el escrito, expresó su confianza en que se trate simplemente de un acopio temporal de materiales de obra, aunque avanza su intención de realizar hoy una visita para confirmar que no se ha realizado ninguna actuación irregular.