La Xunta, el Concello de Sada y los responsables de la Comisión por la recuperación de la Memoria histórica de A Coruña se han mostrado favorables de forma unánime a la demanda que el Gobierno Central ha interpuesto a la familia Franco para la recuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirásdemanda Gobierno familia Francorecuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirás. El Ejecutivo sadense ya ha adelantado su incorporación a la demanda civil, mientras que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la Xunta también se sumará si los servicios jurídicos lo ven posible.
"Los Franco actuaron contra derecho". Así lo ha especificado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a ello se agarrará su Ejecutivo para pugnar por la recuperación de Meirás. El hallazgo de un documento de compraventa fechado en 1938 y desconocido hasta ahora podría abrir una nueva vía legal para que el Pazo de Meirás vuelva a la titularidad pública, lo que supondría, por fin, dar respuesta a uno de los reclamos más antiguos del pueblo sadense al que se sumó recientemente el Parlamento gallego por unanimidad.
El contenido de ese escrito es en lo que se ha basado la Abogacía del Estado para presentar, ayer, una demanda a la familia Francodemanda familia Franco en la que reclama la propiedad del pazo y cuyos principales argumentos residen en su forma de adquisición, el carácter público de los fondos que se utilizaron para su administración y el uso del inmueble a lo largo de la dictadura.
El documento hallado, clave en el proceso, demostraría que Francisco Franco habría falseado el título con el que el inmueble fue escrito a su nombre en el registro de la propiedad, e implicaría, de este modo, la existencia de dos escrituras de compraventa del pazo. Una primera y real, que constituye el nuevo hallazgo, fechada el 3 de agosto de 1938 y que la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, otorgó a la Junta Pro Pazo, entidad concebida para gestionar la donación, por un precio de 406.246 pesetas. Una cuantía adelantada por el Banco Pastor, cuyo presidente, Pedro Barrié de la Maza, había sido integrante e impulsor de la Junta Pro Pazo, al igual que otras personalidades de la época como el luego alcalde Alfonso Molina Brandao.
El contrato de compraventa en escritura pública que se celebró tres años después, ya en 1941, no sería otra cosa que una simulación, en la que Franco adquiriría legalmente el inmueble por un precio de 85.000 pesetas, una cantidad que los letrados del Estado juzgan "irrisoria" y en la que basan sus acusaciones de fraude al tratarse de un negocio sin causa o simulado.
Durante años, la versión oficial que la prensa de aquella época transmitió sobre cómo llegó el Pazo de Meirás a las manos de la familia Franco fue la de un ofrecimiento desinteresado por parte del pueblo coruñés. Una versión que ya se tambaleó hace un par de años cuando el historiador y exconcejal sadense Carlos Babío destapó, valiéndose de un extenso proceso de documentación, el sistema de suscripción forzosa a la que la población de la época había sido sometida para costear el regaloCarlos Babíosuscripción forzosa.
Un propósito para cuyo fin, las autoridades que constituían la Junta Pro Pazo habrían echado mano de otros recursos como deducciones en las nóminas de trabajadores y funcionarios y fondos procedentes de las arcas municipales. La quiebra de la entidad impulsora así lo requería, dada la imposibilidad de hacer frente a los ingentes costes derivados de las obras de acondicionamiento del pazo y su entorno, que no dejaron de aumentar a medida que se acercaba la primera estancia de Franco en su nueva residencia.
Hoy, y tras el hallazgo de la nueva escritura, la historia suma un nuevo capítulo en el litigio por la devolución del inmueble que podría ser el definitivo. La nueva coyuntura supone esperanzas renovadas para multitud de instituciones que han perseverado, a lo largo de los años, en la reclamación de la titularidad pública del inmueble, como así lo ha expresado la Diputación coruñesa. El organismo provincial elaboró en su día un informe jurídico que habría puesto la primera piedra en el camino hacia la vía judicial que el Ejecutivo nacional abrió con la reciente demanda.
El Gobierno local sadense, por su parte, ha expresado su satisfacción por la presentación de dicha demanda y ha anunciado su incorporación a la misma, a la vez que insta a la Xunta a hacer lo propio. Ante esto, el presidente Feijóo alegó que los servicios jurídicos de la Administración autonómica "ven posible que la Xunta se persone en dicho proceso". Núñez Feijóo celebró, del mismo modo, que el Gobierno haya optado por la vía judicial en la reclamación del inmueble, ante lo que recordó que el propio Parlamento de Galicia"ya se pronunció a favor de la reclamación legal" al entender el carácter de patrimonio público del pazo.
Ya el pasado junio, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego elevaron una nueva petición al Estado para que este se hiciera con la propiedad del pazo. Una petición a la que se sumó el requerimiento de la anulación de los títulos nobiliarios de Ducado de Franco y Señorío de Meirás, que hoy ostentan los descendientes del dictador y sobre quienes ha recaído la demanda del Gobierno.
El BNG, formación que integraba el bipartito gallego bajo cuyo mandato el Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural en el año 2008, comparte la confianza en el nuevo proceso pero apela a la prudencia. Así lo apuntó el parlamentario Luis Bará, quien aseguró que el partido se mantendrá a partir de ahora "alerta y vigilante para evitar que la expectativa se convierta en decepción" y llamó a la "movilización social" para asegurar el éxito de la demanda.
Los Franco declararon ayer a través de su abogado que la demanda del Gobierno central es una "estrategia de acoso y derribo" contra la familia.
