La Asociación de Vecinos Afectados por Infraestructuras de Cambre ha llevado sus quejas hasta la Fiscalía. La plataforma denuncia ante el Ministerio Público "irregularidades en la tramitación de los procedimientos medioambientales del proyecto de enlace de la vía ártabra con la AP-9". El colectivo dirige la denuncia contra la conselleiras de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y altos cargos de la Xunta a los que acusa de prevaricación y un delito ecológico. Su denuncia está respaldada por la asociación ecologista Verdegaia.
Acusan a Infraestruturas de presentar un estudio ambiental que no se corresponde con el exigido por la normativa de evaluación ambiental y de aprobar posteriormente un proyecto diferente al remitido al Concello de Cambre que incorpora el tramo de una alternativa que había sido rechazada inicialmente por su impacto y que tendrá un fuerte impacto en el humedal de A Gándara, protegido por el planeamiento y zona tampón de la Reserva de Biosfera.
Afirma la asociación que la ley obliga a someter el proyecto constructivo a evaluación de impacto ambiental ordinaria, en contra de lo que mantiene la Consellería de Infraestruturas. Critica también que este departamento autonómico y el de Cultura no atendiesen su petición de una reunión.
La Asociación Adega se sumó a las críticas en un comunicado en el que denuncia el impacto en el humedal y acusa a la Xunta "de maximizar el gasto público y engordar el negocio de concesionarias y constructoras a costa de graves impactos sobre el territorio".
Infraestruturas negó ayer que no atendiese la petición de una reunión de la plataforma y sostiene que fue recibida por el jefe territorial de A Coruña y el técnico de Infraestruturas que dirigió el proyecto. Defiende que el procedimiento de tramitación fue "lo más garantista posible" con dos procesos de información pública y tramitación ambiental.
La Consellería sostiene que los argumentos en los que funda su demanda la asociación son "idénticos" a los que recoge el recurso del Concello de Cambre, cuya petición de suspender cautelarmente el proceso fue denegada por el juzgado. Destaca que la resolución judicial apelaba concretamente a la "falta de fundamentación para suspender el procedimiento".
