El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, ha mantenido una reunión con los representantes legales de los expropiados por la urbanización Costa Miño Golf para negociar un acuerdo extrajudicial que permita dar una salida al intrincado laberinto del caso Fadesa tras 16 años de pleitos. El Concello ha renunciado ya a recurrir el último auto que ordena el pago inmediato de los intereses pendientes, que rondan ya los siete millones de euros, y se ha sentado con los afectados para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial.

El acuerdo que el Ejecutivo municipal ha puesto sobre la mesa pasa por saldar la deuda en el primer semestre del año 2020 a cambio de que los expropiados renuncien a las costas y a los nuevos intereses de penalización, a contar desde la notificación de los primeras sentencias (diciembre de 2018).

Este acuerdo está supeditado a la ampliación hasta 2039 del plazo para devolver los préstamos que concertó el Concello para pagar la deuda principal, que ronda los 15 millones. El Estado acaba de notificar al Ayuntamiento que pueden presentar su solicitud para esta moratoria, para la que deberán cumplir una serie de requisitos. La principal condición que impone Hacienda es la elaboración de un plan de ajuste que recoja una serie de medidas que garanticen la devolución del préstamo.

Intervención ha emitido en los últimos días un informe en el que considera "factible" lograr esta ampliación, que permitiría además al Concello disponer de un nuevo período de carencia hasta 2022 y aliviaría su situación para concertar otra operación para los intereses. El alcalde se ha reunido ya con Diputación y Xunta para recabar su colaboración de cara a elaborar un plan de ajuste viable, que tendrá que presentar antes del 13 de septiembre, fecha tope para presentar la solicitud de la moratoria ante Hacienda.

Los expropiados deberán ratificar en asamblea la propuesta de acuerdo del Ejecutivo municipal. A consulta de este diario, el abogado Jerónimo Escariz, expresó su satisfacción por el "cambio de tono y predisposición" del Concello y se mostró optimista con llegar a un acuerdo. La última palabra, matiza, la tienen los expropiados.