El alcalde de Cerceda, José García Liñares, se aferra al cargo tras la sentencia que le inhabilita a ejercer cualquier cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las obras del botánico de O Acevedo. Así de claro lo dejó ayer en la celebración de un pleno extraordinario, que él mismo convocó y presidió, para aprobar la solicitud de un préstamo bancario de 2,6 millones de euros para ejecutar varias obras. El regidor asegura que la sentencia del juzgado, que es recurrible, es "anticonstitucional total" y que su salida de la Corporación local deberá esperar a "cuando hablen los tribunales".
Los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron a Liñares que cumpla la Ley de Régimen Electoral, que considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública. El alcalde respondió que los residentes le han dado su respaldo en las elecciones y que la oposición no le puede obligar a marcharse. "Estoy en el puesto en el que me eligieron los vecinos para estar en él. Son ustedes los que antidemocráticamente me quieren echar con una sentencia que no es firme", aseguró. También acusó a populares y nacionalistas de haber mantenido el Concello "paralizado" durante estos meses, cuando el PSOE, cuya lista encabezó Liñares como independiente en las municipales, ha tenido la mayoría absoluta en este y el anterior mandato.
García Liñares sostuvo que no tiene que cesar pese a que existe "una sentencia que es recurrible en varias instancias" y advirtió que en Camariñas hubo un caso "exactamente" igual en el que el alcalde logró ganar en el Tribunal Supremo. También cuestionó el informe que el secretario municipal elaboró en enero tras conocerse la sentencia que inhabilitaba a Liñares y que después fue anulada por la Audiencia Provincial. El funcionario, que ayer no estuvo presente al estar de vacaciones, concluyó entonces que una vez se le notifica la sentencia al alcalde "no resulta necesario que el condenado renuncie, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han confirmado que la sentencia ha sido comunicada al procurador y que "consta en el juzgado que fue notificada personalmente al acusado".
El PP reclamó al alcalde que cumpla la legislación y que dimita tras la inhabilitación a ocho años. La concejal Celia López, que ejerció de portavoz ante la ausencia de Francisco Santos, afirmó que la Ley de Régimen Electoral deja "muy claro" que los condenados por delitos contra la Administración deben dejar sus cargos aunque la sentencia no sea firme.
El edil del BNG en la Corporación, Alberte Sánchez, exigió a Liñares que "cumpla la sentencia" del juzgado y que se marche "a su casa". Además, criticó al regidor por mantener el Concello "paralizado" durante estos meses por la primera condena, que fue anulada, y por el nuevo fallo tras la repetición del juicio.
Tras el primer fallo, la oposición solicitó un pleno que finalmente convocó el secretario municipal y en el que se dio cuenta del fallo en el que se le inhabilitaba al alcalde. Posteriormente, la Audiencia Provincial anuló esa sentencia y mandó repetir el juicio. El resultado ha vuelto a ser la inhabilitación por prevaricación administrativa.
Una vez que García Liñares conoció la primera sentencia el pasado invierno, anunció que dimitía como responsable de Deportes en la Diputación coruñesa por decisión propia, aunque lo cierto es que el PSOE provincial ya le había abierto la puerta al advertir de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal y, por tanto, de diputado. Juristas del ente provincial afirmaron que el cargo de alcalde incompatible con su condena y apuntaron a diversas resoluciones de la junta electoral que ratifican que la condición de edil, y por tanto de alcalde, es inconciliable con la inhabilitación, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública.
